Asesinan a reportero de 73 años en Baja California Sur

Escasa atención del gobierno mexicano ante los arteros crímenes contra periodistas en México. No hay recursos suficientes para financiar medidas de protección a comunicadores en riesgo.

Tras el asesinato del periodista Maximino Rodríguez Palacios, de 73 años,  colaborador del portal de noticias Colectivo Pericú, ocurrido el fin de semana anterior en La Paz, Baja California Sur, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y diversas organizaciones de periodistas externaron su más enérgica condena por un nuevo crimen de comunicadores en el país.

Las organizaciones de periodistas nacionales e internacionales señalan la escasa atención del gobierno mexicano ante los arteros crímenes de periodistas en México. En las  últimas semanas han ocurrido cuatro crímenes de periodistas en los estados de Chihuahua, Veracruz, Guerrero  y en Baja California.

Los cuatro asesinatos son los de Miroslava Breach, en Chihuahua; Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz,  de Cecilio Pineda, en Guerrero y ahora el de Maximino Rodríguez Palacios en Baja California Sur.

Semanario Zeta, que se publica en Baja California, ha recibido amenazas del Cártel de los Arellano Félix el miércoles 5 de abril de 2017, de acuerdo con la organización ARTICLE 19, la que  exigió la inmediata intervención del gobierno de Baja California a fin de garantizar la integridad física y labor del personal de Semanario Zeta.

Del mismo modo urgió al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a conocer del caso e intervenir en la medida de sus atribuciones.

Rodríguez Palacios fue arteramente asesinado el viernes anterior cuando se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial en La Paz, Baja California Sur. De acuerdo con información de medios locales,  fue atacado a tiros desde una camioneta Pick up de color blanco. El periodista, quien recibió 15 impactos,  murió dentro de su automóvil a causa de los disparos.

El Colectivo Pericú informó que Rodríguez Palacios, quien cubría la fuente policiaca, fue atacado presuntamente con rifles de alto poder cuando arribaba a la zona de estacionamiento del centro comercial City Club, a bordo de su vehículo, un Honda sedán de color azul, donde solicitaría una silla de ruedas para su esposa que tiene problemas de movilidad y quien por fortuna resultó ilesa.

Se trata ya del cuarto periodista asesinado en México en lo que va del año. Por ello, la CDHDF hizo nuevamente, un enérgico llamado a las autoridades competentes de los distintos niveles a fortalecer, con urgencia, todas las medidas de prevención y atención para que los casos sean investigados de acuerdo a los estándares internacionales en materia del derecho a la libertad de expresión y a favor de las víctimas, entre las que están las y los integrantes del Colectivo Pericú y la familia del periodista.

Se trata de ataques que repercuten en toda la sociedad y es obligación de las autoridades evitar la repetición de hechos como el que hoy indigna a la sociedad, destacó una declaración de la CDHDF.

En virtud de ello, la CDHDF recordó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado mexicano es parte, donde se expresa que  “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a las y los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores, asegurar a las víctimas una reparación adecuada…”.

Cabe destacar que cuando un periodista es silenciado, señaló la CDHDF,  la principal afectada es la sociedad que dejará de recibir la información que éste le proveía, y le corresponde al Estado salvaguardar la seguridad de los periodistas y crear las condiciones para el libre ejercicio de la libertad de expresión.

Sin recursos suficientes para proteger periodistas

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó  al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, para que de manera coordinada,  otorguen financiamientos para asegurar   medidas de protección durante 2017 a periodistas en riesgo.

Igualmente  la CNDH pidió que se programen en el momento oportuno del presupuesto para el año 2018, los recursos necesarios para financiar los mecanismos de protección de los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

En 2016, la CNDH recordó que se pronunció a través de las Recomendaciones Generales 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, y 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, con relación al incremento de las agresiones en contra de quienes ejercen el periodismo y las personas defensoras en el país, por lo que hizo distintas propuestas de política pública para combatir ese fenómeno.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la CNDH forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Periodistas donde se discuten las medidas de salvaguarda tanto para las y los periodistas como para las personas defensoras de derechos humanos.

Como parte del trabajo desarrollado en la Junta de Gobierno, ese Organismo Nacional informó que ha tenido conocimiento que si bien en el presupuesto de años anteriores se aprobó una partida especial para el fideicomiso del Mecanismo, en 2017 no se destinaron recursos al mismo, por lo que actualmente se utilizan remanentes de años anteriores, cuestión que muy probablemente provocará que en los últimos meses de 2017 se terminen los recursos y exista imposibilidad de continuar financiando las medidas de protección que actualmente favorecen a cientos de beneficiarios.

La situación de violencia en muchas regiones del país ha hecho necesario que defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas se incorporen al Mecanismo y cuenten con medidas de protección, por lo que para ellas tales medidas suponen una salvaguarda para su seguridad y su vida.

Por ello, es fundamental que se destinen los recursos extraordinarios para que el Mecanismo pueda seguir financiando las medidas de protección en favor de todas ellas, señaló la CNDH.