Falla el gobierno en erradicar la corrupción

 

• Donde impera no hay Estado de derecho
• El Gobierno falta por completo a su responsabilidad frente a la sociedad
• En consecuencia, tampoco hay vigencia de los derechos humanos, advirtió la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez
• La corrupción propicia y ayuda a perpetuar la desigualdad, pobreza y exclusión, y es causa directa de la impunidad: González Pérez

 

 

Al inaugurar el Foro “Corrupción y sus implicaciones sobre el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en México”, la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, aseguró que donde impera la corrupción no hay Estado de derecho y, en consecuencia, tampoco hay vigencia de los derechos humanos. “Y en ese caso el Gobierno falta por completo a su responsabilidad frente a la sociedad”.

 

La Secretaria de la Función Pública afirmó que la corrupción es un fenómeno que permea en todas las esferas de la vida pública y social, y convoca a todos a trabajar para erradicarlo, ya que es el tema de mayor prioridad en nuestro país y solo juntos, gobierno y sociedad, podemos hacerle frente.

 

Señaló que los derechos humanos deben ser vistos como el corazón mismo de la vida política, gubernamental y social de nuestro país, y manifestó que ésa es una perspectiva que ha asumido con responsabilidad durante su trayectoria en el servicio público, y en particular ahora desde la Secretaría de la Función Pública.

 

Dijo que en su gestión se comprometió a atender las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de las 56 que estaban pendientes se ha dado cumplimiento a 34 y en fecha próxima a 5 más.

 

 

En su oportunidad, Pedro Salazar, titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó los vínculos, puntos de contacto y sinergias negativas de la violación a los derechos humanos y la corrupción, que deben ser atendidos con seriedad, imparcialidad política y rigor técnico. Destacó la importancia del foro, donde se buscarán propuestas y puntos de acuerdo para enfrentarlos.

 

Señaló que se trata de un desafío que no se puede desatender, porque se trata del principal reto para nuestra generación; de ahí la importancia de este tipo de esfuerzos convocados desde las instituciones públicas, de gobierno y autónomas.

 

Por su lado, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que prevenir las prácticas de corrupción y sancionarlas de manera efectiva y real, permitirá nuestro país el uso debido y eficiente de los recursos para atender parte de las carencias que enfrenta en el acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación o educación.

 

González Pérez se pronunció por impulsar mecanismos que consoliden la cultura de la denuncia, vigilancia social, transparencia y rendición de cuentas basada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos.

 

Puntualizó que la corrupción propicia y ayuda a perpetuar la desigualdad, pobreza y exclusión, y es causa directa de la impunidad. Expresó que en la medida en que la corrupción se hace presente, se precariza el cumplimiento y aplicación de la ley, así como la vigencia y exigibilidad de los derechos humanos, generando falta de credibilidad y confianza en las instituciones.

 

 

El titular de la CNDH puso de manifiesto la percepción de que toda situación que implica la violación a una norma se arregla, no se castiga, y que no hay certeza sobre el cumplimiento y aplicación de la ley, que puede ser objeto de negociación, dependiendo de los recursos económicos, las relaciones o los vínculos políticos de cada persona.

 

Subrayó que el ejercicio del poder debe asociarse con el cumplimiento de la ley y la consecución del bien común, y no como vía para la ilegalidad y el abuso, que desconoce y vulnera los derechos inherentes a toda persona.

 

En la inauguración de ese Foro “Corrupción y sus implicaciones sobre el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en México” se presentó el estudio “Los derechos humanos y la corrupción en México”, realizado de manera coordinada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ- UNAM).

 

González Pérez aseguró que el vínculo entre corrupción y derechos humanos se debe reconocer y visibilizar, en tanto que la vigencia y respeto de los derechos fundamentales se deben profundizar y difundir.

 

“La prevención y abatimiento de la corrupción y de la impunidad –dijo— nos interesa e involucra a todos. Debemos apostar por una cultura de la legalidad que elimine de nuestra realidad estas prácticas que corroen la moral social y debilitan nuestras instituciones y vida democrática. Fomentemos mecanismos que consoliden la cultura de la denuncia, la vigilancia social, la transparencia, así como la rendición de cuentas sustentada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos”.

 

 

El abogado González Pérez calificó de inconcebible que cuando los recursos públicos no se destinan a su legítimo propósito, conductas de corrupción permanezcan en la impunidad.

 

Tras destacar la percepción de que la corrupción se ha agravado en los últimos años, apunto que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) indica que durante 2015 dicho fenómeno se ubicó en el segundo lugar los problemas que preocupan más a la población, y que su tasa de prevalencia fue de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes.

 

El estudio realizado por la CNDH y el IIJ-UNAM, informó González Pérez, ya es de conocimiento de Presidentes Municipales, la Gobernadora y Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, titulares de Organismos Protectores de Derechos Humanos, Legislaturas de las 32 entidades federativas del país y organizaciones de la sociedad.

 

Finalmente el presiden te de la CNDH mencionó que este documento es un insumo útil para el desarrollo de trabajos e investigaciones, al tiempo que hizo un llamado para apostar por la cultura de la legalidad que elimine de nuestra realidad corrupción e impunidad, que corroen la moral y social y debilitan nuestras instituciones y vida democrática.