También los particulares cometen los delitos de desaparición forzada

 

  • Constituye un crimen que atenta contra la dignidad de las personas y una grave violación de los derechos humanos
  • Se ven afectados los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, derecho a la verdad, derecho a la identidad
  • Llama la CDHDF a la Cámara de Diputados a efectuar adiciones a la Ley General de Desaparición Forzadas

 

 

La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen que atenta contra la dignidad de las personas y una grave violación de los derechos humanos, puesto que se ven afectados los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, derecho a la verdad, derecho a la identidad, puntualizó la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF).

 

En ese sentido, aduce la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, dicha conducta enraíza la impunidad que ocasiona la invisibilización y deja en el olvido a un sinnúmero de hombres y mujeres, niñas y niños, familias enteras y sociedad en general.

 

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por “desaparición forzada”, el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado, por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

 

 

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas -que se conmemora cada 30 de agosto-, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un llamado a la Cámara de Diputados, para que en el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, aprobada por la Cámara de Senadores el pasado 27 de abril, se incluyan los siguientes aspectos:

 

a) Instituir un registro específico de personas desaparecidas de manera forzada, que permita dar seguimiento concreto a violaciones graves, ya que la definición de persona no localizada, puede obedecer a causas distintas de la comisión de algún delito.

b) Establecer responsabilidad de los superiores jerárquicos como participante en este delito, así como su sanción ejemplar. Es necesario que se determine la cadena de mando para que efectivamente se sancione a las personas involucradas y no sólo las que ejecutaron el acto.

c) Contemplar la no criminalización como un principio rector en la investigación del delito de la desaparición forzada. Esa es la principal violación que están cometiendo diversas autoridades, cuando en lugar de perseguir los delitos, difunden indebidamente datos imprecisos que generan una percepción de que la razón de su desaparición es consecuencia de actos ilícitos de la víctima, lo que afecta el honor de la persona desaparecida.

d) Garantizar los derechos de la familia que se enfrenta a una especie de parálisis administrativa. Por ejemplo, como aún no se puede declarar viuda o viudo a alguien hasta que no se localice a la persona desaparecida, no puede pagar un crédito, no puede tener una pensión de viudez, no puede acceder a derechos sucesorios o una beca. Para que no suceda lo anterior, se requiere de la entrega de una constancia que les permita a las y los familiares de las víctimas seguir su vida jurídica, sin que ello implique que la investigación se detenga.

 

De igual forma, ese Organismo Público Autónomo consideró necesario que esta Ley elimine las actuaciones u omisiones de autoridades que dificultan los procesos de investigación, lo que abona el terreno para la impunidad; algunas de estas son:

 

*Que a la fecha no exista una base confiable del número de personas desaparecidas en México.

 

*La actuación del Ministerio Público que pide a familiares de las víctimas que regresen 72 horas después de reportar a una persona como desaparecida, cuando justo esas primeras horas son las más importantes para poderlas localizar con vida; la incineración de restos no identificados, porque no permite tener la identificación del ADN y genera un impacto dramático en las familias, entre otras conductas.

 

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas conmemorado el 30 de agosto, es la fecha adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Resolución 65/209, el 21 de diciembre de 2010, en la que se insta a los Estados parte a su observancia [1] ante el aumento de las desapariciones involuntarias en diversas regiones del mundo.

 

 

Nuestro país ha ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, y casi todos sus protocolos facultativos [3], en específico sobre el tema ratificó en 2002 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y en 2008 ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

 

En esa lógica, la legislación local y nacional, destaca la CDHDF en su comunicado, deben armonizarse con los estándares internacionales a fin de enfrentar el gran reto de la impunidad en el país, por ello es necesaria una ley encaminada a la prevención, investigación, procesamiento y castigo de la desaparición forzada de personas, además de un mecanismo efectivo de alcance nacional para la búsqueda y localización de éstas y la reparación a las víctimas.

 

Por lo anterior, la CDHDF reiteró su llamado a las autoridades para garantizar a las víctimas y sus familiares su derecho a conocer la verdad sobre los hechos y las circunstancias de las desapariciones involuntarias, el proceso y los resultados de las investigaciones, el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y la ansiada garantía de la no repetición, que implica la implementación de acciones para erradicar este grave delito.