México enfrenta profunda crisis de inseguridad

• Se horrorizaron dos relatores de Derechos Humanos de la ONU y de la CIDH de la violencia, crímenes y desapariciones que sufren los periodistas en el país.
• La violencia, tiene un objetivo político en particular, es un ataque generalizado en las raíces de la vida democrática en México, a niveles local, estatal y nacional.
• Al origen de la crisis se encuentra una descompostura del estado de derecho y la gobernanza en niveles locales a lo largo del país, que simultáneamente lleva y es exacerbada por asesinatos, desapariciones y tortura

México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su gente, concluye la misión formada por David Kaye y Edison Lanza, Relatores Especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, en su visita al país de una semana.

Durante su misión, del 27 de noviembre al 4 de diciembre, los Relatores Especiales se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil de 21 estados de la República mexicana.

Estos dos expertos se horrorizaron de las historias que escucharon de los periodistas, en las que presentaron una cruda imagen del ambiente hostil que han enfrentado. “El acoso sexual contra mujeres periodistas, el desplazamiento forzoso de reporteros, los asesinatos y las desapariciones, así como una impunidad profunda, fueron elementos comunes en sus narrativas”, dijeron.

“La impunidad por los asesinatos y otros ataques contra periodistas se ha documentado por parte de las instancias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil y señalan que al menos el 99.6% de estos crímenes siguen sin resolver”.

Para estos dos expertos en derechos humanos no  se concibe que el Gobierno mexicano haya fracasado para determinar las circunstancias en que al menos veinte periodistas hayan desaparecido, en localizar sus paraderos y perseguir a los responsables.

Durante su visita  David Kaye y Edison Lanza escucharon muchas historias que revelan los niveles significativos de miedo y autocensura que tienen periodistas en sus comunidades por la impunidad y la profunda falta de confianza en las autoridades públicas para lograr justicia y proteger el estado de derecho.

Al origen de la crisis se encuentra una descompostura del estado de derecho y la gobernanza en niveles locales a lo largo del país, que simultáneamente lleva y es exacerbada por asesinatos, desapariciones y tortura, destaca el informe preliminar de los dos expertos.

El sufrimiento es generalizado, sin embargo, la violencia frecuentemente ha señalado a aquellos que son esenciales para contar la historia de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas.

La violencia, tiene un objetivo político en particular, es un ataque generalizado en las raíces de la vida democrática en México, a niveles local, estatal y nacional.

Durante esa semana en México, esta misión de la ONU y de la CIDH escuchó historias repetidas de asesinatos y desapariciones, ataques físicos y psicológicos en contra de los medios y otras formas de interferencia designados no sólo para dañar a los periodistas como individuos sino el derecho del público a saber.

México debe dar pasos audaces para abordar la violencia que enfrentan quienes ejercen el periodismo, manifestaron dos expertos en derechos humanos luego de una misión oficial de una semana para examinar la libertad de expresión en el país.

“La violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década y a pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”, dijeron David Kaye y Edison Lanza.

“En este contexto- añadieron- instamos al Gobierno a incrementar rápida y sustancialmente los recursos disponibles para los mecanismos que han sido establecidos para proveer de protección y transparencia. México ya ha dado un paso loable creando estas instituciones; ahora debería darles las herramientas para ser efectivas.

“La necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será especialmente crítica en 2018, cuando la ciudadanía mexicana votará en elecciones federales, estatales y locales. Garantizar la seguridad de los y las periodistas les permite recabar y difundir información sobre cuestiones del más alto interés público”, dijeron los expertos, en una declaración conjunta al final de su visita.

“Nos inspiró la pasión de las y los periodistas con quienes nos encontramos, su compromiso con su papel de informar a la sociedad mexicana y su anhelo de investigar sobre corrupción, crimen organizado u otros asuntos de interés público, sin importar los riesgos que saben que podrían enfrentar”.

Los Relatores Especiales instaron al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente sobre los bien documentados informes sobre vigilancia digital de periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y otros. Expresaron una preocupación especial por el hecho de que la vigilancia parece haber tenido lugar sin controles legales y judiciales.

En 2012, el Gobierno estableció el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de la visita de los anteriores titulares de los mandatos de las Relatorías de la ONU y la CIDH en 2010 y una campaña por parte de la sociedad civil. Un mecanismo especial de persecución de delitos contra periodistas fue creado con anterioridad dentro de la Procuraduría General de la República en 2010.

Los Relatores Especiales también dieron seguimiento a las recomendaciones emitidas por sus predecesores en 2010 y evaluaron el progreso de las mismas, encontrándose con autoridades de alto nivel, federales y estatales, en la Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.

Subrayaron un amplio rango de cuestiones como los esfuerzos para combatir la impunidad, el acceso a la información, la publicidad oficial, el pluralismo mediático, los derechos de las víctimas y expresaron preocupaciones alrededor de una ley de seguridad interior propuesta que afectaría negativamente la libertad de expresión.

Sus recomendaciones incluyen el fortalecimiento del Mecanismo con recursos, tanto humanos como económicos, haciendo hincapié en que estas medidas deben ser respaldadas al más alto nivel político.

Los Relatores Especiales agradecieron al Gobierno por la invitación a llevar a cabo su misión oficial conjunta. Presentarán sus informes finales de país en 2018.

Con información de Artículo 19.

Texto de las versiones de los Relatores de la ONU y de la CIDH