México, en el camino de un Estado fallido

• Sumisión de sus instituciones republicanas al poder de la “crueldad inaudita” del crimen organizado, que recorre el país como el nuevo “jinete del apocalipsis”.
• En las más de 31 mil personas desaparecidas o extraviadas, “hubo agentes del Estado involucrados,  sea a nivel municipal, estatal o federal” en el 47 por ciento de los casos.  El 91 por ciento de las víctimas “eran ajenas a actividades ilícitas”. La militarización ha sido una falsa salida y ha implicado violaciones a los derechos humanos

Sergio García Ramírez, uno de los más eminentes juristas mexicanos, advirtió de una de las peores amenazas que se ciernen sobre México, el alcanzar la categoría de un “Estado fallido” por la sumisión de sus instituciones republicanas- la familia, la escuela, las iglesias, el deporte- al poder de la “crueldad inaudita” del crimen organizado, que recorre el país como el nuevo “jinete del apocalipsis”.

García Ramírez señaló a la impunidad, la corrupción y la incompetencia en el poder público  como los factores que generan ese camino de México a la categoría de “Estado fallido”. De no resolverse esa tríada se está “en esa cuesta”, dijo.

El jurista dictó una plática magistral en el primer día de actividades de  la Segunda Conferencia Internacional “Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado centrada en Derechos Humanos”,   inaugurada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,  Enrique Graue Wiechers,  junto con el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

“No digo que hayamos llegado al Estado fallido”, dijo el Doctor en Derecho, quien fue Procurador General de la República y Juez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pero abrió esa posibilidad al  pedir  a un  público formado por abogados,  estudiantes y funcionarios universitarios no perder  “de vista esa situación ominosa”  provocada por el crimen organizado.

El jurista mexicano señaló  como ejemplo de la impunidad, corrupción e incapacidad del  Estado,  la desaparición de los 43 jóvenes  normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2015  con la complicidad de la misma policía,  en tanto el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers,   puso en evidencia  las más de 31 mil personas desaparecidas o extraviadas, que en el 47 por ciento de los casos “hubo agentes del Estado involucrados,  sea a nivel municipal, estatal o federal”.

De su lado, Graue Wiechers citó el reporte reciente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford, sobre las personas desaparecidas o extraviadas  en el país, y el cual,  “por si fuera poco, el 91 por ciento de estas víctimas eran ajenas a actividades ilícitas”.

De su lado, el rector universitario dijo que infortunadamente el Estado está en deuda con los ciudadanos que aún añoramos la seguridad y el respeto pleno a nuestros derechos. Muestra de esta deuda, agregó Graue Wiechers, son las 150 mil vidas que ha  cobrado la llamada guerra contra el narcotráfico, o los datos que colocaron al 2017 como el año más violento en la historia reciente del país.

“México exige justicia ante la impunidad y un sistema judicial en donde los mexicanos estén exentos del riesgo de ser privados de su libertad o violentados por las instituciones responsables de procurar su seguridad”, dijo por su parte el rector de la UNAM.

El rector de la UNAM afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, pues esta tríada ha sido siempre la única forma de convivir en paz.

Graue Wiechers citó  el último reporte de Human Rights Watch sobre nuestro país: “desapariciones forzadas, ejecuciones, abusos de las fuerzas armadas, prácticas sistemáticas de tortura y tortura sexual, amedrentación y muerte de periodistas, y por supuesto las distintas facetas de la lacerante violencia de género”.

“México exige justicia ante la impunidad, así como un sistema judicial donde los mexicanos estén exentos del riesgo de ser privados de su libertad, amedrentados o violentados por las mismas instituciones responsables de procurar su seguridad y bienestar”, demandó el rector de la UNAM.

Por ello, el rector de la UNAM subrayó la importancia de revisar cuidadosamente la nueva ley de seguridad interior, pues aseguró que si se impone el orden sin los marcos legales o procesos institucionales apropiados, se pierde también la legitimidad necesaria para restaurar la paz y la confianza que le urge a México para recomponer su tejido social.

En el patio principal de la Antigua Escuela de Jurisprudencia, Graue Wiechers destacó el papel de diversos organismos y de la sociedad civil para denunciar las violaciones a los derechos humanos e incluso darles visibilidad internacional al llevar demandas concretas a espacios como la Organización de las Naciones Unidas.

El rector universitario  resaltó la pertinencia de esta Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, en la que participarán expertos nacionales e internacionales que analizarán colectivamente cómo garantizar el bienestar de la sociedad y la implementación de la ley.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional  de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expuso que la nación ha destinado, desde 1996, más de mil millones de pesos en seguridad y los resultados están lejos de ser aceptables.

Ejemplo de ello es que México acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de criminalidad van en aumento.

La Encuesta Nacional de Seguridad de Percepción y Victimización sobre la Seguridad Pública del INEGI, refirió, señala que entre 2015 y 2016 la cifra de víctimas del delito en el país creció en 900 mil, al pasar de 23.3 millones a 24.2 millones. En 2016 se cometieron más de 31 millones de delitos y el 90 por ciento no fue denunciado, pues el 60 por ciento de quienes no denunciaron lo atribuyeron a problemas de autoridad o desconfianza de las mismas.

En tanto, la abogada General de la UNAM, Mónica González Contró, expuso que la Conferencia busca hacer propuestas para una política de Estado de seguridad centrada en los derechos humanos, mismas que serán entregadas a los candidatos a la Presidencia de la República, así como a los de otros cargos de elección popular.

A siete años de la primera conferencia, resaltó la abogada general de la UNAM, la situación es grave: hay poca confianza, el tejido social se ha resquebrajado y la respuesta de las autoridades es de mano dura. La militarización ha sido una falsa salida y ha implicado violaciones a los derechos humanos

“El Estado de derecho es la única vía para alcanzar la anhelada paz en nuestra patria, es el camino para recuperar la confianza en las autoridades y restituir el tejido social que ha resultado dañado a consecuencia de la inseguridad”, concluyó González  Contró.