México, con una institucionalidad débil, propicia corrupción e impunidad

• Son la principal causa de violaciones flagrantes a los derechos humanos en el país, con toda su cauda de dolor, violencia y muerte. Centrar en el uso de la fuerza las esperanzas de que en México alcancemos verdadera seguridad y justicia es una perspectiva errónea.
• “No existe voluntad política para atender los problemas de procuración e impartición de justicia en México”.

Cien especialistas en Derecho de México, España, Brasil, Argentina, Alemania, Colombia, Reino Unido y los Estados Unidos de América llegaron a la conclusión de que en México la corrupción y la impunidad son la principales  causas de violaciones flagrantes a los derechos humanos, con toda su cauda de dolor, violencia y muerte en el país al permanecer los crímenes, desapariciones forzadas y la tortura.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, un padrón oficial, indicaba que seguía sin esclarecerse la suerte o el paradero de 34 mil 656 personas (25 mil 682 hombres y 8 mil 974 mujeres). Las cifras reales, de acuerdo con Amnistía Internacional,  son más altas, porque la cifra oficial excluye los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas.

En el caso de los crímenes esta organización cita  un número escalofriantes,  42 mil 583 registrados en todo el país desde el comienzo del mandato presidencial actual, en diciembre de 2012. Una cifra que es puesta en duda ya que  “algunos crímenes no se denunciaban a la policía, y no todos los que se denunciaban derivaban en medidas oficiales”.

En el combate a la impunidad y a la corrupción, señalaron los especialistas,  se requiere atención urgente y prioritaria a   problemas clasificados  como endémicos, sistemáticos y que provocan muchos daños y víctimas. La corrupción viola derechos humanos y contribuye a que sean inoperantes nuestras instituciones y se vulnere el Estado Democrático de Derecho.

Para las organizaciones de defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional, la respuesta del Estado es fallida; no se han brindado soluciones y propicia la violación de los derechos fundamentales en México. El Estado permite realizar situaciones que generan más violencia, como las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, entre otros delitos.

Para Carolina Jiménez Rosas, Directora de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional (AI), desde su perspectiva, en México no se conoce el alcance de la inseguridad ciudadana, ya que aún persiste un alto índice en la cifra negra de denuncias de delitos y, ante el aumento de la violencia, sigue creciendo la impunidad.

Uno de estos especialistas, David Shirk, Director del Programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, puso en evidencia que “no existe voluntad política para atender los problemas de procuración e impartición de justicia en México”. “Entre los principales desafíos que enfrenta el Sistema de Justicia Penal está la desconfianza y el desprecio de la ciudadanía hacia las diferentes corporaciones policiacas, además de que en muchas ocasiones quienes han sufrido algún ilícito prefieren no denunciar por temor a ser revictimizados”, dijo.

Karina Ansolabehere, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que  la desaparición de personas es un fenómeno que ha saturado al sistema de impartición y procuración de justicia, tanto por el número de casos que se presentan como por la manera en que se abordan los mismos.

Entre las primeras conclusiones se destacó que la situación actual de seguridad y justicia en México es preocupante. Lo que distingue una política de seguridad y justicia en un Estado democrático de derecho de una autoritaria, es el respeto irrestricto a los derechos humanos,  coloca en el centro a las personas por encima de las instituciones, y las decisiones que se toman para disminuir la violencia y la impunidad deben ser democráticas, inclusivas, holísticas e incluyentes.

Ante los inaceptables niveles de inseguridad, violencia, impunidad y corrupción que se viven en el país, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, planteó la urgencia de revisar y replantear nuestras políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia, que deben realizarse de manera integral y multidisciplinaria, tomando como premisa el respeto y defensa de los derechos humanos de víctimas, servidoras y servidores públicos de esas áreas y de todas las personas.

“Centrar en el uso de la fuerza las esperanzas de que en México alcancemos verdadera seguridad y justicia es una perspectiva errónea”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  del país.

Al clausurar la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos”, González Pérez aseguró que México tiene una institucionalidad débil, por lo que es preciso desvincular la integración y operatividad de nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole.

Requerimos estructuras burocráticas profesionales y capacitadas, que garanticen y den certidumbre a las personas sobre su operatividad y eficiencia, “con independencia de quien asuma la titularidad de una dependencia o del Poder Ejecutivo”.

El Ombudsman nacional consideró posible revertir la situación que enfrentamos, pero se requiere reconocer la existencia de los problemas y actuar de manera decidida para solucionarlos, para recuperar la tranquilidad, detener la inseguridad, impunidad, dolor, violencia y muerte que atravesamos. Propuso apostar por el respeto de los derechos humanos, la paz y la legalidad como pautas que marquen nuestro futuro.

Tras mencionar que se debe fortalecer la cultura de la legalidad en autoridades y sociedad para lograr un México en que se exijan los derechos y se cumplan obligaciones, y donde la observancia y aplicación de la ley no se negocie o se realice de manera selectiva, dijo que no podemos seguir apostando a la reacción y al uso de la fuerza sobre la prevención. “La violencia no acabará con la violencia”.

Planteó los puntos concluyentes a que llegaron los cien expertos y académicos de México, España, Brasil, Argentina, Alemania, Colombia, Reino Unido y los Estados Unidos de América participantes en el evento realizado en la Antigua Escuela de Jurisprudencia en la Ciudad de México, entre los que señaló que los problemas de inseguridad y violencia no pueden desvincularse de otras realidades y problemas que tiene nuestro país.

González Pérez aseguró que es preciso revindicar y fortalecer los derechos de las víctimas para lograr seguridad y justicia, y señaló que frecuentemente son invisibilizadas y revictimizadas por el propio sistema, lo que ha propiciado que se vea a las autoridades con desconfianza. Por ello, propuso que la revisión y reestructuración de nuestro sistema de inteligencia sea una prioridad, ya que está dividido, con poca coordinación y niveles de capacitación, profesionalismo y control de confianza que no serían los deseables.

El Ombudsman nacional afirmó que las conclusiones y propuestas derivadas de los trabajos de esta Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, se integrarán a un documento que se entregará a candidatos y autoridades con el ánimo de que considere prioritario el tema en sus agendas, así como la opinión informada, objetiva y plural expresada en este encuentro.

Por su parte la Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mónica González Contró,  expresó que en esta conferencia se reflexionó sobre algunas de las preocupaciones más sentidas de la sociedad mexicana y se generaron propuestas para conformar una agenda de seguridad basada en derechos humanos.

En su momento, el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, expresó “es posible buscar la seguridad a través de las instituciones y de métodos autoritarios; y es posible hacerlo como nosotros lo proponemos, que se haga a través de instituciones orientadas en clave democrática y decantadas hacia la agenda sustantiva de los derechos de todas y todos”.