La Isla de los Gatos, un refugio de personas mayores en pobreza extrema

  • Un millón 700 personas mayores de más de sesenta años se encuentran en el rango de quienes no les alcanza ni para comer, en un estado de pobreza extrema, mientras que para  otros cuatro millones 900 mil personas mayores en el país sus ingresos son muy bajos.
  • En México el 1% de los adultos más ricos concentra el 36% de la riqueza total.

Foto: T E

Soledad vive en la Isla de los Gatos, se encuentra al poniente, en la frontera de Ciudad Universitaria. Está rodeada de gatos domésticos europeos, como ella les dice, y de algunos siameses. Se niega a regalarlos, son parte de su familia, lo dice sin titubeos cuando una joven busca que le regalen uno de esos felinos. Soledad es una persona mayor, muy delgada,  le falta gran parte de su dentadura y habita con su esposo una improvisada vivienda hecha con cartones donde se resguardan celosamente sus queridos felinos.

Por denunciar a ladrones de cables de cobre de los postes de luz, en represalia, les incendiaron su humildísima vivienda.

Esta peculiar Isla de los gatos se localiza en a espaldas de la Facultad de Psicología de Ciudad Universitaria. La miseria de Soledad y la de su esposo es visible, está a flor de piel en la capital mexicana. Es una pareja que cada día significa no solamente buscar su propio alimento, también de sus decenas de felinos.

Mientras Soledad y su esposo, la búsqueda de alimentos es su prioridad superior, en México el 1% de los adultos más ricos concentra el 36% de la riqueza total.

Esta pareja forma parte del millón 700 personas mayores de más de sesenta años que se encuentran en el rango de quienes no les alcanza ni para comer, en un estado de pobreza extrema, mientras que para  otros cuatro millones 900 mil personas mayores en el país sus ingresos son muy bajos.

Estas cifras formaron parte de una investigación  que el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó en el último fin de semana,   el “Estudio Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del Artículo 1° Constitucional” y saludó la intención del próximo Gobierno de López Obrador de combatir la pobreza como prioridad en planes, programas y políticas públicas para los próximos años.

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El panorama, sin embargo, para las futuras generaciones de personas mayores es de mayor incertidumbre de la que agobia ahora al más del 70 por ciento de las personas de más de sesenta años que carecen de una pensión y unos cinco millones y medio dependen de políticas de pensión alimentaria que no resuelven de fondo el  desafío del envejecimiento de la población.

Basta citar los datos que ha citado la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF), que para el año 2050 se calcula que en México habrá cerca de 32.4 millones de personas mayores, cifra muy superior a las 11.7 millones de la actualidad.

Para la Organización de Naciones Unidas, el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del Siglo XXI, con consecuencias para casi toda la sociedad, entre ellos el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios, así como para la infraestructura familiar y para los gastos intergeneracionales.

La pobreza se cierne como la mayor amenaza para la vida de las futuras generaciones de personas mayores si ya desde ahora de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  afirmó la falta de un presupuesto elaborado con perspectiva de derechos humanos debilita el combate a la pobreza, desigualdad y a los grupos vulnerables de atención prioritaria como personas migrantes y sus familias, niñas, niños y jóvenes; trabajadoras y trabajadores agrícolas, así como también afectan al respeto y protección de los derechos a la educación y a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

La pobreza reduce las capacidades de las personas, limita sus libertades y agrava los factores de vulnerabilidad que acentúan la exclusión y discriminación, dijo González Pérez,   al obedecer a factores económicos, sociales, culturales, ambientales e incluso políticos, que es necesario atenderle de manera multidimensional.

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El “Estudio Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del Artículo 1° Constitucional” fue  elaborado por la Fundación para la Paz en Guerrero. Para González Pérez al conocer este estudio,  “la pobreza no es solo un indicador de la situación económica de un país sino, antes que nada, es un asunto de dignidad humana”.

González Pérez puntualizó que el combate a la pobreza implica que las personas tengan acceso a mayores recursos, así como a mejores oportunidades de desarrollo y al debido ejercicio de sus derechos. Abatir la pobreza da a las personas autonomía y libertad; preservarla propicia dependencia y subordinación, aseguró, para enfatizar la necesidad de impulsar un salario digno, ya que la Línea de Bienestar asciende a un valor mensual por persona de $2,975.00.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), citó el abogado nacional de los derechos humanos, el 43.6% de la población nacional estaba en situación de pobreza en 2016, es decir, 53.4 millones de personas, de los cuales 9.4 millones se encontraba en situación de pobreza extrema, mientras que la Comisión Económica para América Latina refiere que en México el 1% de los adultos más ricos concentra el 36% de la riqueza total.

De igual manera, dijo, el CONEVAL señala que existían en 2016: 21.3 millones de personas con rezago educativo; 19.1 millones de personas con carencia por acceso a los servicios de salud; 68.4 millones de personas con carencia por acceso a la seguridad social; 14.8 millones de personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda; 23.7 millones de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda; y 24.6 millones de personas con carencia por acceso a la alimentación.

González Pérez expuso que es necesario enfatizar que la suficiencia del salario mínimo general es tema de derechos humanos, ya que impide la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente y la realización de diversos derechos básicos, por lo que debe impulsarse un salario digno.

Los ingresos de una persona deben permitir que cubra sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, para sí misma y su familia, afirmó el presidente de la CNDH. De acuerdo con el CONEVAL, 21.4 millones de personas tienen ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Soledad y su esposo en la Isla de los Gatos están muy por debajo de la línea del bienestar mínimo. JLCL