“Hoy, ni las causas ni las consecuencias” del sismo han sido superadas

 

• La Ciudad de México no está preparada para los temblores
• Sin un censo de todos los damnificados, con cientos de personas desplazadas por el fenómeno telúrico y sin conocerse el número de todos los inmuebles afectados por el siniestro, la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana llegó a la conclusión de una falla de conjunto de las autoridades en materia de prevención de desastres

 

 

En la víspera de cumplirse un año del sismo de 7.1 grados ocurrido a las 13:14 horas del 19 de septiembre, que causó la muerte de 228 personas en la Ciudad de México, sin un censo de los damnificados, con cientos de personas forzadas al desplazamiento y sin conocerse el número de todos los inmuebles afectados por el siniestro, la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana llegó a la conclusión de una falla de conjunto de las autoridades capitalinas en materia de prevención de desastres que se repite desde el terremoto de 1985.

 

“La Ciudad todavía no está preparada para que esos temblores no deriven en desastre y desgracia”, dijo la presidenta de ese organismo de derechos humanos, Nashieli Ramírez Hernández. Con lecciones del “85”, agregó, se debió asegurar que en esta ciudad sísmica se construyera con los elementos esenciales que requiere una urbe sísmica.

 

Estamos discriminando hasta a nuestros propios damnificados, expresó Ramírez Hernández al ser entrevistada y advertir del desplazamiento forzado de las personas afectadas por el sismo de hace un año sin ser atendidas por las autoridades. “La gente está desesperada”.

 

Hace 362 días se declaró formalmente que nuestra Ciudad estaba viviendo un desastre derivado del sismo del 19 de septiembre, recordó la presidenta de esta Comisión al señalar luego que “hoy, ni las causas ni las consecuencias de dicho desastre han sido superadas”.

 

 

Esta situación para la presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos implica “un enorme desafío para dotar de eficiencia real a diversas normas de la Constitución Política de nuestra Ciudad, la cual entró en vigor el día de ayer, pero sobre todo, y lo más importante, para asegurar la dignidad y los derechos humanos de las personas damnificadas”.

 

En un informe y dos recomendaciones presentadas por la presidenta de ese organismo, Nashieli Ramírez Hernández, entre sus conclusiones se destaca además el lento proceso para la atención y obstaculización hacia el ejercicio de los derechos de los damnificados.

 

Asimismo se destaca no haber adoptado medidas preventivas con debida diligencia para evitar que los sismos derivaran en desastre, pese a que conocían o debían conocer los diversos riesgos y factores de vulnerabilidad que caracterizan nuestra Ciudad.

 

En una Recomendación se declara “una situación general de falta de garantía en múltiples derechos humanos y que se posesiona sobre la imperiosa necesidad de que las autoridades de la Ciudad en su conjunto se asuman como garante de derechos humanos de las personas damnificadas en el ámbito de sus competencias”.

 

 

Un cuestionamiento abierto de este informe se centra en la falta de acción preventiva diligente de las autoridades de la Ciudad de México, “por no haber adoptado medidas preventivas con debida diligencia para evitar que los sismos derivaran en desastre, pese a que conocían o debían conocer los diversos riesgos y factores de vulnerabilidad que caracterizan nuestra Ciudad”.

 

La Reconstrucción no puede ser entendida sin un proceso de prevención para lo que sigue: de no repetición, dijo Ramírez Hernández durante la presentación del informe y de las recomendaciones en una sala a la que concurrieron cientos de personas damnificadas.

 

Esta Comisión entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 recibió 258 quejas relacionadas con el sismo del 19 septiembre, de las cuales 77 ya fueron concluidas y cerca del 55% de los casos se concluyeron por haberse solucionado durante el trámite.

 

Actualmente, dijo Ramírez Hernández, tenemos en trámite 181 expedientes, de los cuales 51 son incluidos en estas Recomendaciones. Tenemos entonces un universo de 130 quejas aún en investigación y un constante ingreso de quejas a la Comisión de aproximadamente dos al día.

 

Estos números, añadió, ponen en evidencia por lo menos dos cosas: las autoridades de la Ciudad han logrado ofrecer algunas soluciones concretas a la falta de garantía de derechos en algunas problemáticas que las personas viven en el marco del sismo; sin embargo, dichas soluciones individuales no atacan las causas y el estado de las cosas que se vive en la Ciudad respecto al desastre derivado del sismo.

 

En el Informe de esta Comisión de Derechos Humanos se puso de manifiesto lo siguiente:

 

 

Respecto a la garantía de Derecho a la vida y derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, solicita y plantea como propuesta, entre otras, que se presente de manera inmediata un informe exhaustivo sobre las carpetas de investigación en curso y concluidas, relacionadas con fallecimientos, lesiones de personas y daños patrimoniales en el contexto del sismo; de tal manera que se esclarezcan las conductas u omisiones de las personas involucradas, empresas inmobiliarias o constructoras, particulares y personas servidoras públicas para fincar responsabilidades.

 

Para garantizar el ejercicio del Derecho al espacio público seguro, se propone, entre otros, diseñar una estrategia conjunta y coordinada para la atención del fenómeno de grietas y hundimientos de la Ciudad; establecer una ruta crítica con metas evaluables a corto, mediano y largo plazo; acelerar los trabajos de rehabilitación, reparación o reconstrucción de la infraestructura, equipamiento, bienes y servicios urbanos básicos, considerando como prioritarias las escuelas públicas, las instalaciones de salud; así como la infraestructura urbana y de servicios de las zonas afectadas con mayor índice de pobreza en la Ciudad.

 

Respecto al ejercicio del Derecho a la protección de las personas desplazadas por desastres provocados por fenómenos naturales, realizar un registro de personas desplazadas internamente e incorporar en el Programa para la Reconstrucción un programa específico de atención al desplazamiento forzado, derivado del desastre que precise las atribuciones de las distintas dependencias involucradas con metas y plazos específicos, hasta la atención y consolidación de soluciones duraderas.

 

Sobre el estado que guarda la efectiva garantía del Derecho a la vivienda, instalar de inmediato una ventanilla única para atender todos los asuntos relacionados con la reconstrucción de la vivienda para una debida atención, canalización y simplificación de los procesos administrativos, de las personas damnificadas; integrar un sistema de información geográfica que contenga los atlas de riesgos y sea compatible con otros planos de información catastral, usos de suelo, el cual sea la base del proceso de reconstrucción y, en general, de la política de vivienda y planificación de la Ciudad.

 

Para garantizar el Derecho a la protección específica de grupos de atención prioritaria, es necesario incorporar y transversalizar en la política de reconstrucción un enfoque diferencial e integral que considere las vulnerabilidades, los factores de discriminación múltiple y las necesidades específicas de todos los grupos de atención prioritaria, ya ahora señalados en nuestra Constitución vigente.

 

 

Para salvaguardar el Derecho a la autodeterminación personal y a un nivel de vida adecuado, contar con los perfiles de cada familia afectada, a fin de diseñar e implementar un modelo específico de atención hasta la restitución de sus derechos; generar oportunidades laborales para las poblaciones afectadas y elaborar un diagnóstico de afectaciones psicosociales, a partir del cual se diseñe e implemente un plan de atención psicosocial; acercar estos servicios a centros escolares y de trabajo, principalmente de zonas afectadas.

 

Respecto a los Derechos colectivos y a la reconstrucción social de las comunidades afectadas, elaborar un diagnóstico sobre conflictos vecinales, en el contexto de la reconstrucción, del que se deriven estrategias puntuales de mediación y transformación positiva de conflictos vecinales en unidades habitacionales, colonias, barrios y pueblos; también se requiere, después de tanto tiempo, sanar heridas que se van forjando alrededor de esto.

 

Respecto de las garantías a los Derechos a la seguridad e integridad personal y cultura de prevención, generar de manera conjunta un plan de acción para la promoción de una cultura de prevención de riesgos ante desastres provocados por fenómenos naturales. Es necesario tomar en cuenta, como se dijo al inicio, que en esta Ciudad seguirá temblando, y que hoy tampoco, como hace 364 días, estamos preparados para esto y para que esto no se vuelva un desastre.

 

Finalmente, para garantizar el Derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas, la publicación inmediata, con los más altos estándares internacionales y nacionales de publicidad y transparencia, relacionados con presupuestos públicos, en desahogo de un informe financiero de los recursos ejercidos, desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2018, de manera clara, accesible y detallada que reporte todo, qué está pasando, dónde está toda la información.