Reconocen que el Estado mexicano no puede proteger a sus periodistas

 

  • Los mecanismos de protección no han dado los resultados que tendrían que estar dando
  • “Hay zonas de México en las cuales hoy, en el día a día de los periodistas, se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información, pero también en la alianza de estos medios con el poder político”

 

 

Tanto para las personas defensoras, como para los periodistas, las acciones tanto de la sociedad civil y la respuesta del Estado, no han dado los resultados que tendrían que estar dando ante las dimensiones del problema, subrayó Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la capital mexicana al participar en la inauguración del Seminario Internacional de Perspectivas, Retos y Buenas Prácticas para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

La coordinadora ejecutiva del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero Aragonés, reconoció que sin el apoyo de las autoridades, los mecanismos no pueden brindar una protección efectiva, por lo que este soporte no puede seguir siendo discrecional, debe normarse de manera que sea una obligación y no una concesión.

 

“Es decir, un mandato de ley que, de no cumplirse, conlleve una sanción”, dijo esta funcionaria federal.

 

“Sin desconocer que México atraviesa una grave crisis de violencia y seguridad que afecta a diversos sectores de la población, la violencia contra las y los periodistas ha llegado a niveles alarmantes que se han intensificado en los últimos años”, dijo a su vez Nashieli Ramírez Hernández.

 

Ramírez Hernández destacó que “hay zonas de México en las cuales hoy, en el día a día de los periodistas, se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información, pero también en la alianza de estos medios con el poder político. En esta situación de riesgo especial, resulta extremadamente difícil que los periodistas hagan investigación y publicaciones acordes”.

 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana afirmó que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales por motivos relacionados con su trabajo periodístico, constituye la más grave violación de los derechos a la libertad de expresión.

 

La defensora de los derechos humanos señaló que la Fiscalía Especial, las Comisiones Especiales y las Leyes de Protección, tienen todavía muchos pendientes y mucho camino que recorrer, como para poder decir que están deteniéndose los asesinatos, desapariciones y agresiones.

 

 

“La garantía de resguardar el Derecho a Defender y la Libertad de Expresión representan un doble reto para la Ciudad de México, ya que por un lado, existen registros de agresiones y se deben generar las sanciones necesarias a las personas responsables; pero, por otro lado, también somos la Ciudad en que se concentran periodistas y personas defensoras que han sido agredidas o amenazadas en sus entidades y que se refugian aquí”, subrayó Ramírez Hernández.

 

Los actos de violencia cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, dijo, no sólo vulneran en forma grave su derecho a la vida, sino que apuntan a suprimir en forma radical su derecho a expresarse libremente y generar un efecto de autocensura entre los demás trabajadores de los medios de comunicación social.

 

“Los actos de violencia cometidos en razón de la labor que desempeñan los periodistas también afectan gravemente la dimensión social y colectiva del derecho a la libertad de expresión, dado que vulneran el derecho de las sociedades y sus ciudadanos y ciudadanas a buscar y recibir información e ideas de toda índole”, puso de manifiesto Ramírez Hernández.

 

Este escenario, agregó, presenta una serie de desafíos para la protección de periodistas y trabajadores de medios de comunicación y, en particular, de un preocupante panorama de violencia contra periodistas de comunicación. El fenómeno de la violencia toma mayor preocupación en zonas o regiones con fuerte presencia del crimen organizado, debilidad de las instituciones públicas, colusión entre criminales y gobiernos locales o la precariedad en las condiciones de su trabajo.

 

Ramírez Hernández apuntó que es un momento adecuado para hacer un alto y reflexionar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cuáles son los obstáculos, cuáles son las cosas que han favorecido el desarrollo de los mecanismos de protección a nivel federal y nivel local, así como qué sigue hacia adelante.

 

Por su parte el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, al encabezar la inauguración de ese Seminario Internacional de Perspectivas, Retos y Buenas Prácticas para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, demandó que las personas que trabajan para defender los derechos humanos, así como quienes se dedican al periodismo, deben contar con mecanismos que garanticen un ejercicio libre y seguro de su profesión en la Ciudad de México.

 

 

“Cuando hablamos de justicia, la concepción involucra una correcta investigación, una sanción ejemplar, una reparación del daño; pero no podríamos hablar nosotros de la aplicación de justicia en un territorio si no atendiéramos las medidas de protección, de acompañamiento, de prevención y, sobre todo, de no repetición de actos”, enfatizó.

 

Destacó que lo importante es eliminar dos prácticas que no son inherentes, ni relacionadas con la labor de protección y acompañamiento: la burocracia y la exclusión.

 

El mandatario capitalino explicó que la burocracia es el retardo de las tomas de decisiones administrativas efectivas, que genera mayor victimización y daño a las personas. La exclusión, añadió, porque las personas que solicitan la protección a sus actividades, no quieren que se les excluya o que se les proteja únicamente desde el punto de vista social y de seguridad pública, sino que haya espacios para el ejercicio libre de sus actividades, ya sea como periodistas o como personas defensoras de derechos humanos.

 

Para ello, resaltó que es importante que las autoridades deban ser sensibles a la realidad y a la protección para evitar el olvido y la ineficiencia en las acciones para la aplicación de la justicia.

 

“Tenemos que ver que este concepto de justicia sea integral, sea progresivo, que sea socialmente aceptado y que sea administrativamente aplicado. Las autoridades siempre nos debemos al pueblo y el pueblo es el que nos debe decir cuándo, cómo actuar para darles esa respuesta, para darles esa atención que es las que ellas y ellos merecen”, indicó el mandatario de la Ciudad de México a unas semanas de concluir su periodo de gobierno.

 

Edgardo Buscaglia, académico investigador de la Universidad de Columbia, dijo que “la libertad de expresión no solamente son tres palabras en la Constitución, sino un requisito esencial para que se puedan salvar vidas hacia futuro, para que renazca o nazca una democracia y para que surja un Estado de Derecho”.

 

Además, en el evento, llevado a cabo en el Instituto Mexicano para la Justicia, se firmó un Convenio de colaboración entre el Mecanismo de Protección Integral de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la CDMX, que dirige Claudia Cruz Santiago, con el mecanismo federal a cargo de Patricia Colchero.