El envejecimiento, la transformación más importante de nuestra época: Bárcena

América Latina y el Caribe se encuentra en la antesala de un cambio sin precedentes en su historia: en 2037 la proporción de personas mayores sobrepasará a la proporción de menores de 15 años. El envejecimiento poblacional, caracterizado por la desigualdad, la pobreza, el agotamiento de un modelo de crecimiento económico insostenible  y el avance del desempleo y del empleo de baja productividad.

 Alicia Bárcena*.-El cambio de estructura por edades de la población es un fenómeno que ha sido anunciado con prudente anticipación. Hoy en día el envejecimiento demográfico es un proceso en marcha, con variaciones subregionales y entre países, pero bien establecido. Desde el punto de vista de sus implicancias económicas y sociales se trata quizás de la transformación más importante de esta época.

 

A nivel mundial, entre 2015 y 2030 la población de 60 años y más se elevará de 900 millones a más de 1.400 millones de personas. Ello supone un incremento del 64% en tan solo 15 años, siendo el grupo de edad que más crece. En términos relativos, el porcentaje de población de 60 años y más pasará del 12,3% en 2015 al 16,4% en 2030. Aunque la situación de las regiones es marcadamente distinta, y Europa es y seguirá siendo el continente más envejecido del mundo, en nuestra región el proceso de envejecimiento se produce de manera más rápida, pasando de 70 millones de personas mayores a 119 millones en el mismo período, lo que supone un aumento del 59%.

 

América Latina y el Caribe se encuentra además en la antesala de un cambio sin precedentes en su historia: en 2037 la proporción de personas mayores sobrepasará a la proporción de menores de 15 años.

 

En valores absolutos, la población de 60 años y más, compuesta en la actualidad por unos 76 millones de personas, tendrá un período de amplio incremento que la llevará a alcanzar las cifras de 147 millones de personas en 2037 y 264 millones en 2075. Si bien la región en su conjunto está entrando en una etapa de envejecimiento acelerado, en la mitad de los países —algunos de los cuales corresponden a los más pobres— el proceso es incipiente y moderado, y  los mayores cambios ocurrirán de aquí a 2030.

 

El envejecimiento en nuestra región ocurre en paralelo a la estabilización numérica de la población, que dejará de crecer alrededor del año 2060. Si bien las proyecciones aún indican un aumento de la población de unos 730 millones de personas en 2050, se prevé que hacia el final del siglo XXI se haya reducido a cerca de 690 millones de personas. A raíz de esta tendencia en la evolución de la población regional, al terminar el siglo esta representará en el mundo casi la misma proporción que representaba en la década de 1950 (6,8%), mientras que en 2030 el 8,4% de la población adulta mayor mundial vivirá en nuestra región. Más allá de las cifras, lo más inquietante para la región es el escenario en el que ocurre el envejecimiento poblacional, caracterizado por la desigualdad, la pobreza, el agotamiento de un modelo de crecimiento económico insostenible, y el avance del desempleo y del empleo de baja productividad. Frente a ello, la planificación basada en los escenarios demográficos es más importante que nunca puesto que, aunque existan variaciones, ofrece un marco que permite la adopción de decisiones trascendentales para el desarrollo de los pueblos.

 

Desde hace más de 20 años, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha insistido en que, además de tener en cuenta el crecimiento de la población de edad avanzada —los llamados baby boomers en los países anglosajones—, hay que preocuparse de la cohorte que será la encargada de sostener los principales cambios demográficos a partir de la segunda mitad del presente siglo. Ello, aunado a otros factores, particularmente aquellos relacionados con las decisiones económicas y sociales de los Gobiernos, muestran que el cambio de estructura por edades de la población es uno de los elementos fundamentales para definir y ahondar en las reformas necesarias para alcanzar el bienestar de los países y sus ciudadanos.

 

En la agenda internacional, y pese a su importancia, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hicieron caso omiso del envejecimiento y las personas mayores, concentrándose en otros asuntos relacionados con la transición demográfica y epidemiológica. Su omisión limitó su inclusión en las metas e indicadores para medir el éxito de los ODM y, como corolario, el tema fue excluido de las prioridades de apoyo técnico y financiero de varios fondos y programas de las Naciones Unidas. Esto influyó en que, durante los primeros 15 años de este siglo, los asuntos de las personas mayores transitaran un camino distinto, a veces paralelo, con logros importantes referidos a la visibilidad de sus derechos humanos.

 

Ejemplo de lo anterior fue la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 2015 y su ratificación, hasta ahora por seis países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Costa Rica, El Salvador y Uruguay.

Asimismo, en el ámbito de las Naciones Unidas, la labor del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento ha permitido dar mayor visibilidad a las personas mayores en la agenda de desarrollo social y los derechos humanos en el mundo. Por su parte, en el Consejo de Derechos Humanos, la creación y vigencia del mandato de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad está facilitando el examen de situaciones en países específicos y un análisis más a fondo de los asuntos de las personas mayores.

 

En 2015, con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las personas mayores, la edad, o ambas, se incluyeron explícitamente en algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que sirvió de puerta de entrada para incorporarlas en la implementación de la Agenda y en el seguimiento de los ODS. Esta incorporación no fue al azar: fueron las mismas organizaciones de la sociedad civil, que están trabajando en favor de los derechos humanos de las personas mayores, las que generaron un debate y propuestas para incluirlas en la Agenda 2030.

 

Su acción permitió que la consigna de que “nadie se quede atrás” comprendiese a las personas mayores. Los cambios demográficos tendrán implicaciones para alcanzar los ODS. En comparación con el resto del mundo, las tendencias demográficas descritas en este libro también pueden favorecer a la región. La caída de la fecundidad y la disminución de la relación de dependencia de niños constituyen una oportunidad inédita para que varios países de la región aprovechen el primer bono demográfico. Y, en el caso de los países más envejecidos, el segundo bono demográfico en ciernes crea una nueva coyuntura donde el envejecimiento de la población se puede transformar en un factor impulsor del desarrollo.

 

En efecto, teniendo en cuenta que la esperanza de vida aumenta para una cantidad considerable de personas en edad avanzada, ello puede redundar en un mayor ahorro durante el ciclo vital —en particular en las edades en que se produce más que lo que se consume—, para financiar el consumo en la vejez, lo que a su vez se traduciría en una capacidad superior de inversión productiva y social.

 

Con la disminución del tamaño de la fuerza laboral, los países tendrían que apoyarse más en la productividad y en fomentar una mayor participación de grupos específicos de población en el mercado del trabajo, como las mujeres y los jóvenes. Asimismo, habría una menor presión para financiar la educación, lo que representa una oportunidad única para mejorar tanto la enseñanza en todos sus niveles como la formación en el puesto de trabajo. La reducción del tamaño de la población más joven (15 a 24 años) facilita el financiamiento de políticas destinadas a mejorar sus calificaciones, lo que favorece la transición de la escuela al trabajo, y el aumento de su productividad en el futuro.

 

La realización del segundo bono demográfico no es automática —al igual que lo que ocurre con el primer bono–, porque depende, entre otras cosas, de la inversión en capital humano, el empleo productivo, la educación, la innovación y los entornos inclusivos. No obstante, la diferencia principal con la utilización del primer bono demográfico es que las condiciones para que se realice el segundo son plenamente compatibles con la implementación exitosa de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es indivisible e interdependiente.

 

A través de algunos objetivos las personas mayores pueden ser incorporadas en su implementación y seguimiento. Asimismo, una mirada transversal de las necesidades e intereses de las personas mayores permite identificar un área de oportunidad en otros ODS que no las incluyen de manera particular, pero que son extensivas a todas seis ODS y el octavo abordan asuntos que son fundamentales para la vida de las personas mayores en cuanto individuos, y los Objetivos 7, 11,12 y 16 facilitan la creación de un entorno que les favorece, como ocurre con otros grupos desfavorecidos.

 

 Los Objetivos 10 y 17 guardan una relación directa con asuntos estructurales e institucionales que dan una mayor visibilidad a los asuntos que les afectan directamente a ellas y a sus familias. Además, hay metas específicas que son de suma importancia para las personas mayores. Estas son la 1.3 sobre protección social universal, la 3.8 sobre cobertura de salud universal, la 5.4 sobre reconocimiento y valoración de los cuidados, la 10.2 sobre inclusión social, económica y política, la 11.5 sobre accesibilidad universal y la 17.18 sobre desagregación de datos y estadísticas.

 

En este libro se brinda un marco para alinear la Agenda 2030 con los derechos humanos de las personas mayores en lo que respecta principalmente a la universalidad e igualdad como principios rectores de su implementación. El conocimiento más profundo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores sirve de guía para hacer hincapié en las personas mayores en la implementación de los ODS, independiente si estos las incluyen explícitamente o no.

 

Asimismo, cabe recordar que la Agenda 2030 no deroga los compromisos asumidos en los convenios internacionales, por lo que su aplicación ha de ir de la mano con el cumplimiento de otras obligaciones internacionales. Un elemento clave para la implementación de los ODS desde la perspectiva de los derechos humanos es la no discriminación. Las actitudes y prácticas que discriminan, además de ser injustas, ocasionan un despilfarro de recursos, por lo que es fundamental eliminar los obstáculos creados socialmente, con el fin de garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas.

 

La aplicación no discriminatoria de la Agenda 2030 facilitará a la sociedad, entre otras cosas, el empleo efectivo del potencial de toda la población, en especial de aquella con más desventajas, como lo son las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad y los jóvenes.

 

Este libro ofrece también un análisis de la protección social de las personas mayores en el marco de la meta 1.3 sobre universalidad de la protección social, la meta 3.8 sobre cobertura universal de salud y la meta 5.4 sobre reconocimiento y valor de los cuidados. Desde la perspectiva de la CEPAL, y como bien se indica en el cuarto capítulo, la protección social de las personas mayores lleva aparejada la integración de tres pilares básicos: pensiones, atención básica de salud y cuidados para la autonomía.

 

La incorporación explícita de las personas mayores a los sistemas de protección social desde la perspectiva de la igualdad se fundamenta en que los cambios demográficos actúan como factores clave en la creación de oportunidades y establecen nuevas restricciones relacionadas con la redefinición de las funciones de la familia, el mercado y el Estado. Por lo tanto, es necesario replantear la protección social para que responda de manera inmediata a las consecuencias de las transformaciones demográficas y, a su vez, anticipe las respuestas a las demandas de una población en proceso de cambio.

 

El escenario actual con respecto al cumplimiento futuro de la meta 1.3 no está exento de obstáculos. Una gran parte de las personas mayores no tiene acceso a pensiones de vejez que les garanticen protección frente a los riesgos de pérdida de ingresos en la edad avanzada. Además, la cobertura de seguridad social de la población ocupada es muy desigual, lo que aumenta las posibilidades de desprotección económica para las generaciones futuras.

 

En los últimos años se han producido avances notables en lo referente a la expansión de las pensiones no contributivas, que ayudan a reducir parte de los riesgos económicos que surgen en la edad avanzada; sin embargo, es necesario continuar profundizando los mecanismos disponibles para incrementar la protección de ingresos en la vejez, sobre todo en el caso de las mujeres mayores, ancianos indígenas y la población rural de edad avanzada.

 

Asimismo, en relación con la meta 3.8, se observa una adaptación lenta de los sistemas de salud a los cambios de la demanda surgidos a partir de las dinámicas demográfica, epidemiológica y tecnológica, lo que se traduce en un incremento de los costos y gastos de los servicios de atención de la salud y un acceso insuficiente de la población a servicios de salud adecuados y de calidad. Además, la cobertura de salud es desigual y, aun si las personas mayores cuentan con seguros médicos, ello no implica que puedan acudir a un centro asistencial cuando lo necesitan.

 

 La posibilidad de obtener medicamentos a un costo accesible y de recibir prestaciones sanitarias eficaces y adecuadas a sus necesidades es muy limitada todavía en la región. De forma paralela, es indispensable reforzar los cuidados a largo plazo. El envejecimiento trae aparejado el riesgo de sufrir dependencia, y las personas mayores pueden necesitar los cuidados de otras personas debido a una discapacidad, una enfermedad crónica o un trauma, situaciones que pueden limitar su capacidad de llevar a cabo actividades de cuidado personal básico o tareas cotidianas.

 

En los últimos años, la situación de los cuidados a largo plazo ha mejorado, pero siguen existiendo rezagos. Tanto los marcos normativos generales y específicos de los países de la región como el abanico existente de programas sociales relacionados con la protección de la vejez revelan que los riesgos asociados al cuidado se concentran cada vez más en las familias. Esto acrecienta la vulnerabilidad de las personas que precisan cuidado y de las que lo brindan (meta 5.3), que en la actualidad se ven directamente afectadas por la distribución desigual de los recursos según el origen familiar.

 

Pese a que cada uno de los países de la región presenta sus propios motivos de inquietud, un balance general permite comprobar que existe una elevada sintonía entre ellas. Las medidas a poner en práctica para su solución responderán a las particularidades de cada lugar, aunque igualmente deben ser concordantes con las orientaciones generales que enmarcarían el quehacer en esa materia en los próximos años.

 

A ese respecto, sirven de fuente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, mientras no exista un instrumento internacional, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ambos instrumentos sirven de marco para poner en el centro a la autonomía y la dignidad, ya sea para la defensa de los derechos de las personas mayores o para el diseño e implementación de las políticas dirigidas a mejorar su bienestar.

 

La autonomía implica que toda persona tiene el derecho de decidir sobre su destino y a que se respete su deseo o voluntad. Como bien se documenta en este libro, la autonomía contempla la capacidad de tomar decisiones independientes sobre la vida, dentro del contexto de la ética personal y social, así como la posibilidad de vivir libre de tortura y violencia de cualquier tipo. La autonomía está íntimamente ligada a la dignidad, que significa que todas las personas deben ser respetadas en su valor como tales hasta el final de sus vidas. La edad de la vejez nunca puede ni debe ser causa o excusa para restringir o limitar la autonomía, o para atropellar o socavar la dignidad de las personas mayores.

 

En este sentido, es indispensable ofrecer a las actuales y futuras generaciones de personas mayores la oportunidad de una buena vejez. Que la edad no sea una limitación para que sigan disfrutando de sus derechos ni un obstáculo insalvable para que continúen ejerciendo sus libertades. Otra expresión de la autonomía y la dignidad de las personas mayores que nos parece muy novedosa, aunque hasta ahora prácticamente ajena en las políticas públicas, es la interdependencia. Se trata de un concepto sumamente interesante y lleno de potencialidad que aporta este libro. La interdependencia tiene como trasfondo la reciprocidad.

 

Forma parte de la capacidad de dar y no solo de recibir y que, en el caso  de las personas mayores, consiste en entregar bienes —materiales e inmateriales— según sus circunstancias y posibilidades. La valoración contractual del individuo y el supuesto de la acumulación en los años de vida activa y de carga en la vejez, son puestos en entredicho desde la perspectiva de la interdependencia. Además, se pone en juego otro principio de los derechos humanos, que es el de la solidaridad, tan trascendental aunque difícil de ejercitar si el Estado no da claras señales en el sentido de apreciarla y promoverla.

 

Nuestra región necesita dedicar más tiempo a pensar y analizar los temas relacionados con el envejecimiento y las personas mayores. En las páginas siguientes se abordan temas que fueron escogidos sobre la base de la experiencia de trabajo de la CEPAL en los países de la región. Por supuesto, no todos los temas que hoy se debaten en la agenda regional han sido objeto de análisis, pero los más importantes están presentes. Uno de ellos es la desigualdad ante la muerte, la que debe ser visibilizada y constituirse como un asunto público.

 

Aunque todavía persisten en el mundo posiciones encontradas acerca de la mejor manera de asegurar la muerte digna desde la perspectiva de derechos humanos, es preciso valorar los crecientes esfuerzos desplegados en nuestra región por conceptualizarla como parte de la autonomía y dignidad de las personas mayores. Para algunas de ellas los cuidados paliativos ayudan a dejar esta vida sin dolor por medio del acceso a los tratamientos modernos que permiten humanizar la muerte. Para otras, los cuidados paliativos ofrecen la oportunidad de recuperar la autonomía, es decir, devuelven la posibilidad de decidir sobre los tratamientos, su aplicación o no y el derecho a que se respete la voluntad de la persona. Lamentablemente, ambas dimensiones de los cuidados paliativos continúan siendo un privilegio y no están asegurados para todos aquellos que no tienen tiempo para esperar.

 

En definitiva, los contenidos del libro nos invitan a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la vida que queremos y la sociedad que anhelamos (más solidaria, más interdependiente, donde nadie sobra) y sobre lo que podríamos hacer para dar cabida en ella, con toda justicia y en pie de igualdad, a las personas mayores con total respeto a su autonomía y dignidad. **

*Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

**Texto introductorio del libro Envejecimiento, personas mayores, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, Perspectiva regional y de Derechos Humanos de Sandra Huenchuan, publicado por la CEPAL).