En México, las personas mayores son víctimas de violencia familiar

 

  • México está envejeciendo y no estamos preparados para ello
  • Las personas mayores son uno de los sectores de la sociedad, cuyas condiciones y características, los colocan en un mayor estado de vulnerabilidad de que sus derechos sean violentados o no sean vigentes

 

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Luis Raúl González Pérez.*-México está envejeciendo y no estamos preparados para ello. Las personas mayores son uno de los sectores de la sociedad, cuyas condiciones y características, los colocan en un mayor estado de vulnerabilidad de que sus derechos sean violentados o no sean vigentes.

 

Pese al importante crecimiento que en los últimos años ha tenido la población de adultos mayores en nuestro país, al pasar de 6.8 millones de personas en 2006, a un estimado de casi 13 millones, lo cual representa cerca del 10% de la población, continúan siendo víctimas de violencia familiar, de prejuicios y estigmas que los discriminan, enfrentan condiciones de pobreza y marginalidad, además de que carecen, en lo general, del acceso, calidad y disponibilidad que sería deseable para los servicios médicos y los cuidados que requieren.

 

A pesar de los avances que se han registrado en el ámbito del reconocimiento de los derechos humanos en México, así como en la expedición de leyes y otros ordenamientos sobre los derechos de las personas mayores, lo cierto es que la situación que las mismas enfrentan en su realidad cotidiana dista mucho de ser la que las normas prescriben. Difícilmente podríamos decir que sus derechos son mayoritariamente cumplidos y vigentes; que tienen acceso y disfrutan de los cuidados y atención diferenciada que requieren en virtud de su edad; que cuentan con apoyos y recursos económicos necesarios para garantizar su subsistencia; así como que su condición y calidad de vida ha dejado de verse condicionada por factores tales como su orientación sexual, identidad de género, estado de salud, origen étnico, discapacidad, y situación familiar, entre otros.

 

Por lo anterior, este Organismo Nacional Autónomo, en ejercicio de sus atribuciones para el estudio y observancia de los derechos humanos, elaboró y hoy presenta a la opinión pública el Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, documento que pretende visibilizar los obstáculos y problemas que impiden o dificultan a la población de 60 y más años, el goce y ejercicio de sus derechos, y formular propuestas generales para que las autoridades del Estado mexicano optimicen, reestructuren, potencien o desarrollen acciones, mecanismos y procesos para su protección efectiva.

 

Las necesidades y demandas de las personas mayores frecuentemente son invisibilizadas o ignoradas. El Informe Especial persigue tres objetivos particulares: primero, ser una herramienta de consulta para los sectores público, social y privado a través del cual pueden conocer de manera puntual aspectos de la vida de las personas mayores que ameritan una intervención activa y propositiva por parte de cada uno de ellos; segundo, servir de punto de partida para efectuar diagnósticos o estudios sobre el tema enfocados a uno o varios derechos, o bien, a la situación de un grupo de personas mayores en concreto; y tercero, ofrecer evidencias que contribuyan al diseño de estrategias, planes y políticas públicas con perspectiva de derechos, y que incorporen los principios de igualdad, no discriminación, atención preferencial y transversalidad de los derechos de las personas mayores, impulsando una planeación gubernamental coordinada, focalizada, eficiente y eficaz en beneficio de la población que envejece.

 

En el Informe Especial se hace patente que, dado el acelerado proceso envejecimiento que enfrenta la sociedad mexicana, se requiere invertir y distribuir recursos suficientes para fortalecer las acciones de formación de capital humano especializado en atención de la población mayor; investigación geriátrica y gerontológica; infraestructura de servicios públicos y en acciones encaminadas a promover la preparación para la vejez de los sectores más jóvenes de la sociedad. No existe una conciencia plena en la sociedad sobre la necesidad de prepararse para envejecer, ni en el sentido de asumir y prever las consecuencias de los procesos de envejecimiento de las demás personas en nuestros círculos familiares y sociales, por lo que es preciso trabajar en ello. De esa forma, las autoridades tendrán mejores condiciones para ofrecer un servicio con calidad y calidez; se contará con evidencias empíricas que permitan una mejor planeación estatal y se desarrollará la responsabilidad personal sobre el propio proceso de envejecimiento para una mejor toma de decisiones durante la juventud y vida adulta.

 

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Sobre ese último punto, este Organismo Autónomo enfatiza en el Informe Especial que la planeación individual para llegar a la vejez en condiciones óptimas de salud e independencia, sólo será posible si existen las condiciones estructurales para que cada persona tenga las mismas oportunidades de desarrollar sus capacidades y potencial; es decir, el Estado debe garantizar el cumplimiento y protección de todos los derechos humanos para asegurar a todas y todos una existencia digna[1] a lo largo de todo el ciclo vital, que posibilite tomar decisiones libres y no condicionadas por la carencia de satisfactores básicos, la pobreza y la desigualdad.

 

Otro aspecto relevante que se plantea en el documento que ahora presentamos, es que el Estado mexicano tiene un largo camino por recorrer para que las políticas públicas cumplan los estándares establecidos en la Constitución General de la República y los instrumentos internacionales en materia de derechos de personas mayores, ya que aún prevalecen las medidas de carácter asistencial limitadas al otorgamiento de descuentos u otro tipo de apoyos económicos, que si bien son necesarios por los altos índices de pobreza en nuestro país, resultan insuficientes para garantizar a todas y todos, una vida digna. Todavía se llega a asumir, indebidamente, que todas las personas mayores tienen las mismas características y necesidades, generalización que deja de lado los requerimientos específicos que tienen las personas conforme tienen mayor edad, los que derivan de su condición económica, género o estado de salud.

 

Por lo anterior, identificamos como una necesidad apremiante que los programas y acciones dirigidas a esa población incluyan, tanto en el diseño como en la ejecución, enfoque de género, medidas afirmativas y enfoque diferenciado para asegurar la igualdad real en el acceso a prestaciones y servicios que otorguen; en otras palabras, las autoridades deben tomar en cuenta las brechas de desigualdad de hecho que existen entre mujeres y hombres, entre quienes residen en zonas urbanas y rurales, entre quienes viven con discapacidad y quienes gozan de movilidad total, o entre quienes cuentan con una pensión de seguridad social y quienes carecen de ingresos.

 

Por otra parte, dos temas ausentes en la mayoría de los programas de las instituciones que atienden a la población mayor son los cuidados paliativos y a largo plazo, los cuales constituyen uno de los desafíos más importantes para los años venideros, debido al incremento de la esperanza de vida y la incidencia de enfermedades crónico degenerativas y discapacidad en edades avanzadas. En ese sentido, se debe impulsar el desarrollo y mejoramiento de infraestructura médica y hospitalaria y asegurar la suficiencia de personal especializado, así como el diseño de un sistema de cuidados de largo plazo que considere a los cuidadores no formales, a las familias y a los proveedores privados de servicios, para asegurar que en todos los casos se respete la dignidad y autonomía de las y los usuarios.

 

También es materia del Informe Especial que presentamos, el derecho de acceso a la justicia, rubro en que se identificó que las autoridades estatales carecen de sistemas homologados y coherentes que permitan obtener datos sobre la incidencia delictiva que afecta a esa población, y los factores que incrementan el riesgo de convertirse en víctimas, lo cual sería de gran utilidad para diseñar estrategias de prevención, e identificar los factores de riesgo. Aunado a ello, se propone generar indicadores que permitan evaluar la calidad de la atención que reciben las personas mayores 60 por parte de las personas servidoras públicas, al acudir a presentar una denuncia, recibir orientación jurídica o información sobre sus derechos, ya que el trato digno y preferente hacia ese grupo de la población, es esencial para la protección de sus derechos.

 

En las conclusiones del Informe Especial que hoy presentamos, queda de manifiesto que, como lo ha señalado la CNDH en múltiples pronunciamientos, el Estado mexicano debe ratificar la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores para avanzar en la progresividad de los derechos humanos de ese sector de la población. Sabemos que la sola ratificación de ese instrumento no es suficiente, sino que debemos trabajar para dar efecto útil a sus disposiciones. En ese sentido, se deberá armonizar el marco jurídico interno para reconocer sus principios, derechos y obligaciones que vinculen a todas las autoridades, a las familias, y a la sociedad en general, y detallar en los reglamentos y demás normativa los mecanismos para su implementación, así como para su exigibilidad, transparencia y rendición de cuentas.

 

México se encuentra en un momento oportuno para que podamos incidir en la incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de una estrategia integral de atención de las personas mayores, de forma que se establezca como un objetivo transversal que responda a la perspectiva de derechos, y se dirija no sólo a la entrega de apoyos, sino a fortalecer las capacidades de las y los sujetos de derechos para que puedan ejercerlos por sí mismos y participar activamente en la vida social, económica, cultural y política del país.

 

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Las autoridades competentes en el desarrollo de la planeación democrática nacional, deben reconocer a las personas mayores su carácter de titulares de derechos, y a partir de ello, programar las acciones para mejorar sus condiciones de vida y el presupuesto requerido para llevarlas a cabo. Incluso en caso que los recursos disponibles no sean suficientes, se deberá entonces adoptar medidas para asegurar el financiamiento e implementación progresiva de las mismas, asegurando que las políticas públicas dirigidas a la población que envejece se conviertan en políticas de Estado que trasciendan los cambios de administración gubernamental.

 

Debemos tener presente que si bien la asignación de recursos presupuestales, el desarrollo del marco jurídico y los ajustes institucionales contribuyen a la realización de los derechos humanos, es deseable implementar una estrategia de grandes dimensiones que involucre la opinión y participación de las personas mayores, de la sociedad en general, y del sector privado, para lograr un cambio profundo de las nociones y valores a nivel colectivo e individual para que todas y todos interioricemos y practiquemos cotidianamente el respeto, la solidaridad y el trato digno, como una forma de vida; un compromiso permanente que se convierta en regla, mientras que las transgresiones a sus derechos sean la excepción.

 

El estudio que hoy se presenta aporta elementos objetivos de ponderación sobre la condición de las personas mayores en nuestro país, siendo una de las necesidades que se hicieron evidentes el fortalecer los mecanismos e instancias de atención y apoyo establecidos para tal efecto y no desaparecerlos, como parecería desprenderse de los anuncios hechos el día de ayer sobre esta materia. Si existen irregularidades o se cometieron ilícitos, deben investigarse y sancionarse. Si los procesos operativos no producen los resultados deseados, deben revisarse y replantearse. Lo que en este ámbito no puede contemplarse como opción, es que se prive a los millones de personas mayores de la posibilidad de recibir la asistencia y apoyos que requieren, los cuales en buena medida son de carácter prestacional, por lo que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de sustitución.

 

Las personas mayores requieren de nuestra atención y ayuda. Si bien la revisión y evaluación sobre el desempeño, utilidad y atribuciones de cualquier organismo público son medidas deseables en tanto buscan garantizar eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública, es claro que dichos procesos no deben inhibir, condicionar o eliminar el cumplimiento de las obligaciones convencionales, constitucionales y legales que tiene el Estado mexicano, en el sentido de brindar especial cuidado y protección a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad como lo son las personas mayores. Las revisiones de las estructuras administrativas u operacionales que se realicen, deben llevarse a cabo con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, ciclo de vida, transversalidad, y transparencia, quedando sustentadas en información y evidencia objetiva, buscando en todo momento preservar y defender los derechos fundamentales de la población.

 

*Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Discurso pronunciado en la presentación del Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores el pasado 19 de febrero de 2019.