La política pública social de la mayor envergadura en el país

 

  • Ocho millones 38 mil 469 personas mayores de más de 68 años recibirán a partir de septiembre una pensión con carácter universal de dos mil 550 pesos bimestralmente
  • El 55 por ciento de son mujeres y el 45 por ciento hombres de las 32 entidades de la República

 

Foto: T E

 

Bajo la premisa de que los derechos de las personas adultas mayores no son respetados y cumplidos a cabalidad en nuestro país y que la mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena, el gobierno de la IV transformación de la República inició una de las políticas públicas de mayor envergadura  social, sin precedentes en la vida de México, al asignar a las personas mayores de 68 años la pensión universal bimestral de 2 mil 550 pesos.

 

Según datos oficiales dados a conocer en febrero pasado al iniciarse el proceso de federalización de las pensiones a las personas mayores, sin discriminación de su condición social, “solo 23 % de las mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una pensión contributiva. Pero lo más grave es que 26% de las personas adultas mayores no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales”.

 

El pasado 10 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que se había apoyado “a ocho millones 38 mil 469 adultos mayores, lo que significa en nuestra meta el 93.6 por ciento de avance respecto a la meta 2019” de los cuales como sujetos de derecho el 55 por ciento de son mujeres y el 45 por ciento hombres.

 

Este gobierno había señalado que “las condiciones de desigualdad de las personas adultas mayores con respecto a la sociedad muestran que su situación es similar a la de otros grupos sociales discriminados como los indígenas, personas con discapacidad y las mujeres”.

 

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Ese martes 10 de septiembre, en una de sus conferencias matutinas, el presidente informaba que el 58.44 por ciento ya estaba registrado para recibir su apoyo por transferencia electrónica que contaba con la Tarjeta del Bienestar para el Banco Banorte, y que el 41.55 por ciento recibiría el apoyo en un operativo supervisado.

 

Dado que no en todo el país las personas mayores se ubican en zonas donde no existen bancos, el presidente López Obrador esperaba y confía en que todas las personas mayores beneficiadas por esta política social contarán con ese servicio a través del futuro Banco del Bienestar que será creado para ese efecto: “Ese porcentaje (del 41.55 por ciento) es el que estamos migrando poco a poco para que todos sean bancarizados y puedan tener su Tarjeta de Bienestar”.

 

López Obrador destacaba que el 8.4 por ciento de esos beneficiarios de más de ocho millones son personas indígenas de 65 y más.

 

Por su parte, la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, subrayaba que la pensión de adultos mayores es una pensión universal y con un monto de un ingreso básico para los adultos mayores.

 

El monto de 2018, informaba, en esta pensión ascendió a 39 mil millones de pesos, “este año estaremos llegando a los 120 mil millones de pesos. Es una gran diferencia debido a la integración de nuevos beneficiarios y a la duplicidad del monto que se ha planteado”.

 

La subsecretaria informaba además que en septiembre a octubre se haría el pago bimestral. Se incluiría a los pensionados de las distintas instituciones de seguridad social del Estado, de casi un millón 700 mil personas mayores de 68 años.

 

Con la nueva política social hacia las personas mayores los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), incluyendo a los de las fuerzas armadas y de organismos como Petróleos Mexicanos, son sujetos de derecho de esta pensión.

 

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De tal manera, que estamos llegando a 4 millones 700 mil personas que reciben su apoyo a través de una tarjeta bancaria, explicaba la subsecretaria Montiel, el resto lo recibiría, 3 millones 300 mil personas, a través de un pago que se realiza en efectivo.

 

La servidora pública de la secretaría del Bienestar señalaba además que el proyecto del gobierno de López Obrador es migrar todos los pagos al proceso de tarjeta bancaria para lo cual será creado el Banco del Bienestar para que sus beneficiarios no tengan que moverse de sus localidades, aunque reconocía la complejidad de hacer efectivo estos pagos en las zonas indígenas y rurales alejadas de zonas urbanas.

 

Hace una semana, esta funcionaria afirmaba que se había llegado al 93.6 por ciento del avance de la meta total de los ocho millones 592 mil adultos mayores a los cuales debe atender esta política pública, pero reconocía que aún les faltaba una parte importante en número de personas.

 

Montiel dijo que esperaba concluir en el mes de diciembre la universalidad del programa y cumplir con la inversión de los 96.3 mil millones que representa esta pensión, que en el gobierno pasado se dedicaba a unos cinco millones de personas mayores de 68 años y era de la mitad, mil 200 pesos bimestrales.

 

La pensión universal de ahora se duplicó y alcanza a los más de 8 millones de personas mayores de 68 años del país.

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