Generalizada violación a derechos humanos por el vínculo entre tortura y corrupción

 

  • Para los agentes y servidores públicos de la procuración de justicia, de la seguridad pública y del sistema penitenciario de la Ciudad de México la tortura es una práctica común
  • Mientras no se disponga de un sistema de cero tolerancia a la tortura, los casos seguirán siendo generalizados

 

Foto: T E

 

José Luis Camacho López.- En una acción inusual, la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México abrió un insondable y enorme socavón en el gobierno de la capital mexicana al descubrir el “pacto de impunidad” que ampara el vínculo de la tortura y la corrupción de agentes del Estado encargados de la procuración de justicia, la seguridad pública y del sistema penitenciario.

 

“La corrupción en su modalidad de impunidad permite que suceda esta grave y generalizada violación a los derechos humanos”, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.

 

Mientras las instituciones en su conjunto no internalicen y dispongan de un sistema de cero tolerancia a la tortura y lo den a conocer públicamente con la intención, además de reconocer este problema estructural y reparar el daño, los casos seguirán siendo generalizados, advirtió además esta defensora de derechos humanos.

 

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Ese organismo de los derechos humanos documentó en una sala abarrotada, con la presencia de 176 víctimas directas y de sus familiares, las diversas formas de tortura psicológica y física que se cometen en la Ciudad de México, que incluso han llegado a causar la muerte a sus víctimas.

 

Tras verificar cada una de las quejas de víctimas de las diversas formas de tortura, esa Comisión de Derechos Humanos decidió formular nueve Recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la subsecretaría del Sistema Penitenciario para corregir conductas de sus agentes semejantes a los grados de crueldad semejantes a los que practicaban los agentes de la SS del régimen de la Alemania nazi.

 

Durante esa reunión de víctimas directas e indirectas y defensores de derechos humanos, se escucharon voces con testimonios, a través de un video, voces anónimas de hombres y mujeres que denunciaron las prácticas de tortura cotidiana que ejecutan los celadores de las prisiones de la Ciudad de México, quienes llegan a convertirse en jueces. Uno de los casos que estrujó a los asistentes fue el de una mujer en prisión a quien se le amenazó con causarle daño al bebé que acababa de parir. “Historias terribles”, dijo uno de los Visitadores de Derechos Humanos que presentó las Recomendaciones.

 

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Para tener un ejemplo de esas conductas de agentes del Estado mexicano de la Ciudad de México, la presidenta de ese organismo de derechos humanos, Nashieli Ramírez Hernández, narró tres hechos vergonzosos para un país donde se jactan sus políticos de un sistema democrático que ha propiciado la alternancia en el poder, pero no ha logrado desterrar una de las prácticas más aberrantes para la convivencia humana, la tortura, que era común durante el régimen del partido único en contra de disidentes políticos y presuntos delincuentes.

 

Los tres ejemplos narrados por Ramírez Hernández que “no documentan hechos aislados de tortura, sino que en su conjunto, evidencian una falla estructural del Estado” fueron los siguientes:

 

“El de una adolescente que regresaba de una fiesta, cuando fue brutalmente golpeada por policías en la vía pública, tras preguntar por la detención de compañeros suyos, cerca de su domicilio, fue arrastrada del cabello, azotada contra el pavimento, golpeada con patadas y puñetazos repetidamente”.

 

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“O bien -dijo Ramírez Hernández- el caso de una segunda víctima adolescente, que al dirigirse hacia su puesto de venta de gelatinas, fue subida a una camioneta, golpeada repetidamente y herida en numerosas ocasiones por medio de choques eléctricos”.

 

Un ejemplo más, añadió, “es el de una persona con discapacidad psicosocial privada de la libertad, quien al solicitar que le suministraran su medicamento, pues ya había pasado el tiempo para ello, se lo negaron en varias ocasiones. Con motivo de esta situación, su angustia fue aumentando progresivamente, por lo que solicitaba su “chochos” para evitar las convulsiones que padece por la privación del medicamento. Las personas encargadas de su custodia le propinaron una golpiza con graves heridas, asegurándole que “si quería chochos, chochos recibiría”, refiriéndose a los golpes”.

 

Las tres narraciones anteriores son sólo una muestra de casos de tortura documentada en los instrumentos presentados el día de hoy, dijo la presidenta de la Comisión que se encarga de la defensa de los derechos humanos de la población de la capital mexicana. “Es preciso insistir en que la tortura se ejerce de más de una forma; es decir, a través de golpes y agresiones sexuales, pero también psicológicamente, por medio de amenazas”.

 

“La tortura busca anular la dignidad de una persona, sembrar miedo en lo más personal e íntimo, y quienes la ejercen utilizan también esos medios: aterrorizar con el dolor, la humillación, la transgresión del ámbito personal, la convicción y ejercicio político, entre otras formas”, señaló la defensora de derechos humanos.

 

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Para Ramírez Hernández “es imprescindible denunciar la relación entre la tortura y la corrupción en muchas formas. Desde la negativa por pagar cuotas en las cárceles, hasta la misión de obtener una declaración auto-incriminatoria; son causa de tortura. Sumado a ello, la corrupción en su modalidad de impunidad permite que suceda esta grave y generalizada violación a los derechos humanos”.

 

Otra afirmación que la presidenta de ese organismo consideró necesario de reiterar, “es que la tortura no sólo afecta de manera principal el derecho a la integridad personal de las víctimas, sino que inhibe, obstaculiza o impide al derecho de acceso a la justicia, no sólo de las personas que padecen la tortura y que atraviesan temor y desconfianza de denunciar los hechos; también se lacera el derecho de acceso a la justicia de las personas víctimas de delitos, que no pueden acceder a la verdad, al estar viciada la investigación”.

 

Para las víctimas de tortura en centros penitenciarios, instituciones “totales” y abarcadoras de la vida de las personas privadas de la libertad, se viola también su derecho a la reinserción social, dijo Ramírez Hernández al afirmar que, al estar en contacto permanente con sus victimarias, la tortura se actualiza en cada momento.

 

Bajo esta desalentadora descripción Ramírez Hernández resumió: “y romper el cerco intimidatorio para que ella o sus familiares denuncien, es aún más complejo”.

 

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Los actos documentados en estas recomendaciones fueron principalmente por tortura y discapacidad psicosocial; por muerte; por falta de debida diligencia en la investigación de tortura sexual; uso de tortura psicológica como herramienta de investigación; uso de la tortura como método de investigación en delitos de alto impacto.

 

De las 176 víctimas directas, cinco por ciento son adolescentes. Adicionalmente se identificaron a 70 víctimas indirectas, quienes fueron afectadas por estos actos de tortura. De los casos presentados entre 1995 y 2018, el 80% de los hechos que motivaron las quejas sucedieron entre 2012 y 2018 (130 casos).

 

A lo largo de su vida institucional, esa Comisión ha emitido 59 Recomendaciones por tortura, a las que se adicionan las nueve que se presentaron el mediodía del lunes 7 de octubre de 2019.

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