Garantizar la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad

 

  • Enfrentan la discriminación histórica y estructural que enfrentan, advirtió la CIDH
  • En México hay 7.7 millones de hombres y mujeres con alguna discapacidad
  • Equivale al 6.7 por ciento de la población total
  • Urgente la necesidad de la inclusión de las personas con discapacidad en la agenda del trabajo de la seguridad social del país

 

Foto: T E

 

Washington, D.C. – A propósito del día internacional de las personas con discapacidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados a adoptar medidas especiales para garantizar la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, incorporando un enfoque de derechos humanos.

 

En México, Zoé Robledo, director general del IMSS indicó que en nuestro país hay 7.7 millones de hombres y mujeres con alguna discapacidad, que equivale al 6.7 por ciento de la población total al destacar la urgente necesidad de la inclusión de las personas con discapacidad en la agenda del trabajo de la seguridad social.

 

La CIDH urgió a los Estados a erradicar las diferentes formas de discriminación y estigmatización contra las personas con discapacidad, especialmente, a través de políticas que promuevan su desinstitucionalización.

 

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La Comisión ha señalado que las personas con discapacidad son sujetos de derecho en igualdad de condiciones, por lo tanto, poseen capacidad jurídica plena y la facultad de elegir sobre todos los aspectos de su vida.

 

Adicionalmente, según el entendimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el modelo clínico-asistencialista con el cual se ha comprendido tradicionalmente la discapacidad, ha profundizado las situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, los órganos del Sistema Interamericano han subrayado la necesidad de abordar la discapacidad desde el modelo social, a través del cual se promueve un modo de vida independiente de las personas con discapacidad, atendiendo en todo momento a los principios de la dignidad, autonomía, igualdad y no discriminación.

 

En este marco, la CIDH saluda las legislaciones de Perú, Costa Rica, Argentina y Colombia que avanzan hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, en línea con las obligaciones internacionales de los Estados. Igualmente, hace un llamado a la adecuada implementación de estos instrumentos, promoviendo la participación efectiva de las personas con discapacidad en todos los espacios y niveles de toma de decisiones.

 

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Por otra parte, la Comisión informó haber recibido información que da cuenta de la persistencia de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para el ejercicio autónomo de sus derechos. Además de la discriminación histórica y estructural que enfrentan y que se expresa de diversas formas, las organizaciones denuncian la persistencia de figuras legales que menoscaban su capacidad jurídica, así como la continuidad de tratamientos médicos e internalizaciones forzosas.

 

La Comisión recibió información sobre los riesgos desproporcionados que enfrentan las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia. Particularmente, las que se encuentran institucionalizadas enfrentan una probabilidad mayor de contagio de COVID-19, que se suman a otros riesgos como, por ejemplo, sufrir torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, como medicación y esterilización forzosa.

 

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La CIDH recordó que las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y contar con la facultad de elegir su propio proyecto de vida. Por consiguiente, hace un llamado a los Estados de la región a adoptar medidas especiales para garantizar el ejercicio de su capacidad jurídica y redoblar los esfuerzos en la construcción de un efectivo sistema de apoyo conforme al modelo social de la discapacidad. Por último, la CIDH insta a los Estados de la región a promover políticas de desinstitucionalización con enfoque de derechos humanos, para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma autónoma e independiente.

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

 

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