Promulga Mancera la Ley para Prevenir Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada

Promulga Mancera Espinoza la Ley para Prevenir Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada

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Ciudad de México, 6 de mayo de 2015.-En el salón Benito Juárez del antiguo palacio del ayuntamiento, la capital del país se adelantó y creó jurisprudencia al promulgar el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en el Distrito Federal.
 
Acompañado por representantes de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, legisladores y funcionarios del gobierno capitalino, Mancera Espinoza, destacó vanguardista  de esta legislación que sentará precedentes en materia de desaparición forzada en el país.
 
Al acto fueron invitados los presidentes de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias; del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Luis Wertman Zaslav; de Alto al Secuestro A. C., Isabel Miranda de Wallace; de SOS, Alejandro Martí; César Iván Astudillo, Abogado General de la UNAM, además de representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y diputados de los diferentes grupos parlamentarios de la ALDF, entre otros invitados.
 
Aunque estados como Coahuila, Nuevo León, Querétaro cuentan con leyes similares, la legislación que en esta materia ha promulgado el Jefe de Gobierno del  Distrito Federal para la entidad capital del país representará un ejemplo de buena práctica jurídica.
 
 Aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por 36 votos y tres abstenciones el pasado 19 de febrero, crea dos nuevos tipos penales, el de la desaparición forzada por servidores públicos y el de desaparición forzada por particulares.
 
Esta legislación impone penas hasta de 40 años de prisión e inhabilitación total para servidores públicos que cometan ese delito y de 15 a 30 años a los particulares involucrados en este tipo de delitos. Además esta nueva ley castiga con multas hasta por  siete  millones 60 mil 403 pesos  a los  servidores públicos  y  el mismo monto tratándose de particulares que sean responsables de estos delitos.
 
Con esta nueva legislación se creará un registro, el  Sistema de Información de Víctimas de Desaparición de personas desaparecidas para tener certeza sobre el  número  y la  identificación plena de las víctimas de la desaparición forzada. Este registro estará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y el Instituto de Ciencias Forenses.
 
Este Sistema de Información de Víctimas de Desaparición servirá para el intercambio de información con las demás entidades federativas y  generar un esquema eficiente de investigación y búsqueda de las víctimas con la Procuraduría General de la República (PGR) a efecto de su localización
 
Esta ley crea  la figura de la Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada la cual permitirá a los familiares de la víctima o víctimas  hacer la denuncia  ante el Juzgado Cívico, y con ello garantizar  la continuidad de la personalidad  jurídica de la persona desaparecida incluidos sus derechos laborales, de seguridad social y de educación,  la conservación de, su patrimonio y la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos.
 
 Las sanciones pueden incrementarse hasta los 70 años cuando la víctima directa pierda la vida, se realicen acciones tendientes a ocultar el cuerpo, la víctima sea sometida a tortura, actos crueles, inhumanos, degradantes, lesiones o violencia sexual; sea menor de edad, mujer embarazada, mayor de 70 años o pertenezca a un grupo o comunidad indígena; sea testigo de hechos delictivos; sea inmigrante o se realice para ocultar o dejar impune otro delito.
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El Jefe de Gobierno  destacó que esta promulgación representa un avance para la Ciudad de México, un compromiso para los servidores públicos y una señal de que en la capital del país se trabaja en la atención y protección de las víctimas, además de impulsar un trabajo de adecuación normativa a los estándares internacionales de derechos humanos y especialmente en este tema tan sensible como lo es la desaparición forzada.
 
Mancera Espinoza convocó a las autoridades delas otras entidades del país a trabajar en una homologación federal en la parte general del Código Penal. Es importante, dijo,  no tener tipificados de manera diferente la autoría, la tentativa y las formas de participación en los delitos, por lo que  el gobierno de la Ciudad de México presentará en breve una iniciativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que sea enviada al Congreso de la Unión.
 
“Debemos tener una homologación a nivel federal porque si no, vamos a tener un Procedimiento Penal que es muy bueno que esté homologado, una Ley general, pero en el momento de trabajar la autoría, la participación, la tentativa, todas las tareas que tienen que ver con la parte general, vamos a encontrar varias contradicciones”, advirtió el mandatario capitalino.
 
En su oportunidad, Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, aseguró que con esta ley se llenan importantes vacíos legales que existían y se da ejemplo de buenas prácticas sobre cómo responder a la necesidad de una adecuada tipificación de estos delitos.
 
“Se incluye el tipo penal de la desaparición forzada perpetrada por particulares además de aquella donde hay intervención de agentes del Estado directa o indirectamente, porque no puede ignorarse que en el contexto reciente de nuestro país se perpetran sinnúmero de desapariciones de este tipo”, dijo Corcuera.
 
Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó  que con la promulgación de esta ley se da una avance significativo en el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en las Convenciones de las cuales México es parte.
 
En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, reconoció el trabajo legislativo de la ALDF y la iniciativa del Jefe de Gobierno para diseñar, presentar y promulgar esta ley.
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