Aprueban 22 congresos estatales la desindexación del salario mínimo

• Fue una propuesta del ciudadano  Mancera Espinosa
• Abre la vía para mejorar los ingresos de siete millones de trabajadores que reciben  el salario mínimo

Palacio Legislativo.- Los  Congresos de 22 estados de la República aprobaron la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo que propuso el ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó Notilegis.

Esta propuesta representa la vía para lograr que  ese ingreso que reciben más de siete millones de trabajadores en el país, pueda aumentarse a los 86 pesos,  considerado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México viable para mejorar las condiciones de vida de ese numeroso grupo de mexicanos, entre los que figuran personas de la Tercera Edad.

El ciudadano Mancera Espinosa visitó al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, tras conocer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma constitucional sobre el salario mínimo.

En la sede de la Cámara de Diputados de San Lázaro donde sesiona la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se hizo la declaratoria de constitucionalidad de esa reforma tras la aprobación de la iniciativa en los 22 Congresos estatales, de los 31 que funcionan en el país.

La reforma, que desvincula el salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica en leyes federales, estatales y del Distrito Federal, fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado y la Comisión Permanente  declaró su constitucionalidad, tras informarse que fue avalada por 22 congresos estatales.

Senadores y diputados de todos los  partidos que conforman la Comisión Permanente del Congreso de  la Unión celebraron la  declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de desindexación del salario mínimo y coincidieron en la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La intención de dicha propuesta se fundamenta en flexibilizar en el país el incremento mayor del salario mínimo que beneficie a los ciudadanos.

El senador Enrique Burgos García (PRI) afirmó que “es un paso fundamental en favor de la clase trabajadora”, a efecto de avanzar hacia el desarrollo de una política laboral y social que permita el crecimiento y mejoramiento de los salarios de los trabajadores.

La prioridad del gobierno mexicano es “generar las condiciones de mejoramiento, para aumentar el poder adquisitivo, empezando con la homologación del salario mínimo y, con ello, dejar de mantener diversas zonas desvinculadas con la percepción salarial”, agregó.

La senadora Luisa María Calderón Hinojosa (PAN) señaló que, para su grupo parlamentario, la desindexación “ha sido una de sus prioridades, la cual abre la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo del salario, a fin de que sea suficiente para que los trabajadores puedan sostener de manera digna a sus familias”.

“Es importante aclarar, añadió, que los trabajadores del campo también merecen ingresos dignos, acordes con lo que producen para el país y que vamos avanzando en este sentido”, precisó.

 La diputada Araceli Saucedo Reyes (PRD) demandó que se reconsidere y se decrete un nuevo aumento al salario mínimo, “que garantice cuando menos la adquisición de una canasta alimentaria básica”.

Exigió la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y que instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sean los que intervengan en la determinación del salario.

 El diputado Javier Herrera Borunda (PVEM) aseveró que dicha reforma es un logro importante, que marca el rumbo para acrecentar el poder adquisitivo de los trabajadores, el cual beneficiará y mejorará sus condiciones sociales, por lo que disminuirán los niveles de pobreza y desigualdad en el país.

 “Apoyar esta reforma es dar un primer paso que significa un incentivo favorable y valioso para una mayor igualdad en lo económico, a través de la reorientación y distribución del ingreso, y de una mejor política salarial, para lograr un México más equitativo y más competitivo”, externó.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena) consideró que la verdadera exigencia en el ámbito laboral consiste en que el gobierno federal “actúe con responsabilidad social y establezca políticas que recuperen el poder adquisitivo de los salarios”.

 Recordó que la iniciativa fue frenada en la Cámara de Diputados en 2014, lo que provocó que el Ejecutivo limitara su incremento a dos pesos en 2015, historia que se repitió en 2016, con un aumento de tres pesos, por lo cual “es una prioridad acabar con los salarios de hambre”.

 El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza expuso que Nueva Alianza (NA) se ha manifestado a favor de la desvinculación del salario mínimo, como una forma de establecer montos de sanciones, trámites, impuestos y multas, pero aclaró que esta sola medida no puede derivar en un aumento del salario mínimo a los niveles deseados.

Valles Mendoza añadió que se debe avanzar para incrementar el salario de los trabajadores y permitir una distribución equitativa de la riqueza, así como establecer medidas adecuadas que den certeza a las percepciones de los trabajadores y generar condiciones justas de desarrollo social.

La senadora Martha Angélica Tagle Martínez (Independiente) dijo que la reforma aprobada “no va a venir a solucionar los grandes problemas que existen en nuestro país” y sseguró que si no existe la vocación democrática para cambiar la política económica que ha permitido que existan tantos millones de pobres en México, “esta reforma simple y sencillamente no será suficiente”.

 Sin embargo, la senadora Tagle Martínez  reconoció el avance en materia de desindexación del salario y sostuvo que “es momento de exigir la rendición de cuentas”.