La debilidad del Estado de Derecho el principal problema de México

 

• Corrupción, impunidad, inequidad y falta de acceso a la justicia impiden consolidar una verdadera cultura de respeto y cumplimiento de la ley

 

El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó que la debilidad de nuestro Estado de Derecho es el principal problema que nos afecta.

 

“La corrupción, impunidad, inequidad y falta de acceso a la justicia gravitan alrededor del cumplimiento y aplicación de las normas e impiden consolidar una verdadera cultura de respeto y cumplimiento de la ley”, dijo el Ombudsman nacional en la firma de un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para sumar esfuerzos y capacidades en la consolidación de una educación en y para los derechos humanos.

 

González Pérez advirtió que esa situación de desesperanza genera “en la sociedad una noción débil de justicia y desencanto sobre las instituciones, que no pueden dar respuesta a las demandas de civilidad y seguridad, ni generar un entorno donde la convivencia pacífica entre las personas sea posible y los derechos humanos tengan vigencia”.

 

En el acto en que firmó dicho convenio con el Director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, el presidente de la CNDH destacó además la gran incredulidad y desconfianza de la sociedad sobre la efectiva aplicación de la ley, así como de la actuación de las autoridades o instancias encargadas de hacerlo, ante la falta de convicción de que el sistema jurídico realmente se aplique.

 

Ante directivos, académicos, trabajadores y alumnos de la UNAM, así como servidores públicos de la CNDH, reunidos en la Dirección de la Facultad de Derecho, González Pérez destacó la estrecha relación entre la Facultad de Derecho y la CNDH que tienen como fin común la defensa de la dignidad de las personas, y reconoció el dinámico trabajo que realiza esa institución universitaria, motivada por la formación de generaciones de alumnos útiles a la sociedad.

 

González Pérez señaló que el convenio convoca a la unidad para articular y generar acciones que, partiendo del entorno académico y universitario, logren incidencia real y efectiva en los ámbitos de los derechos humanos y de la cultura de la legalidad.

 

Asimismo, el presidente de la CNDH recordó al ilustre doctor Jorge Carpizo, quien señaló que “no puede existir Estado social si no es democrático, defensor de los derechos humanos y del Estado de Derecho”, postulado que está vigente y espera materializarse con nuestro compromiso y acciones que reflejen una profunda convicción humanista y democrática.

Por su parte, el Director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, destacó la importancia del Convenio que consolidará los trabajos de investigación entre la CNDH y la Facultad de Derecho, y dispondrá de áreas especiales donde habrán de realizarse seminarios y talleres para llevar a cabo intercambios académicos entre ambas instituciones; subrayó la relevancia de que una de las unidades llevará el nombre de Jorge Carpizo.

 

Indicó que la Facultad a su cargo está comprometida con el trabajo que realiza la CNDH en la defensa, estudio, enseñanza y divulgación de los derechos humanos que contribuya a generar una ciudadanía plena.

 

El Convenio permitirá la creación de la Unidad de Vinculación de Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad “Dr. Jorge Carpizo”, dependiente de la UNAM a través de la Facultad de Derecho, cuyo fin es organizar los elementos materiales y capital humano, para establecer la contribución a la sociedad mexicana en lo referente a la necesidad de cumplir y respetar las leyes, para así gozar a plenitud los derechos de los que somos titulares los seres humanos.

 

El objeto del convenio suscrito, dijo finalmente González Pérez, es imbuir en la sociedad la inaplazable necesidad de cumplir y respetar las leyes para fortalecer el respeto y vigencia de los derechos humanos, así como sentar las bases que produzcan un cambio de paradigma en toda la sociedad, al generar en sus integrantes la convicción de que el cumplimiento de la ley es útil y positivo, que la honestidad y la integridad nos fortalecen individual y colectivamente, que el cumplimiento de obligaciones nos legitima y faculta para exigir nuestros derechos y que el parámetro de nuestra actuación debe ser el bien común y la prosperidad general.