La autoridad que vulnera la democracia siembra un autoritarismo despótico*

Los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación. La corrupción viola derechos humanos, al igual que la impunidad, la violencia, la inseguridad y la exclusión. Hay miles de desaparecidos. No sólo nos faltan 43, nos faltan más de 37 mil mexicanas y mexicanos

Luis Raúl González Pérez**.-A través de los años, los representantes del Gobierno de la República han atestiguado en estas ceremonias de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos el compromiso y labor de muchas mexicanas y mexicanos que han asumido la causa de la dignidad humana como propósito y camino de vida, aunque los llamados y denuncias que desde este estrado se han formulado por un mayor respeto a la legalidad, a los derechos y libertades básicas de las personas, así como por la defensa y atención a los reclamos de las víctimas y de la sociedad, no han encontrado suficiente eco, ni obtenido las respuestas integrales esperadas.

Esta ocasión, en que la ceremonia de entrega de este Premio Nacional regresa a la sede histórica del Poder Ejecutivo, resulta significativa en atención al hecho de que México atraviesa por una situación particularmente grave en el ámbito de los derechos humanos, como su gobierno lo acaba de reconocer ante la instancia continental de promoción y defensa de los mismos, y frente a la serie de transformaciones a que hemos sido convocados por su administración.

Su mandato parte de una indiscutible decisión mayoritaria de la sociedad mexicana por buscar un cambio, que nos permita dejar atrás prácticas y problemas que han marcado a México durante las últimas décadas y que se expresan en los binomios violencia e inseguridad, corrupción e impunidad, así como pobreza y exclusión.

Las víctimas y la sociedad mexicana acumulan una serie de demandas no cumplidas y otros agravios que deberán ser atendidas y subsanados si se aspira a recuperar la confianza y cercanía de la gente con las instituciones.

México demanda un cambio y una transformación, pero sustentada en el respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos, así como a los recursos y garantías que nuestro sistema jurídico concede y reconoce a todas las personas.

La corrupción viola derechos humanos, al igual que la impunidad, la violencia, la inseguridad y la exclusión. Todos son factores que han incidido negativamente en nuestra convivencia social y en la calidad de vida de las personas, las cuales, no obstante gozar de un amplio catálogo de derechos jurídicamente reconocidos desde hace varios años, han visto que los mismos son frecuentemente vulnerados, de ahí la importancia de las voces que se han alzado para pugnar, no sólo por el reconocimiento de los derechos, sino también porque se cuente con mecanismos reales para su garantía y defensa, siendo éste tan sólo uno de los ámbitos donde podríamos destacar la trascendente labor que ha desarrollado el doctor Héctor Fix Zamudio, quien hoy recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos. Académico, investigador, universitario de excepción, humanista y, por derecho propio, uno de los pilares y referentes indiscutibles del desarrollo y consolidación de los derechos humanos y sus mecanismos de garantía en México e Iberoamérica.

Destaco el papel de don Héctor Fix-Zamudio, como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos periodos, incluso antes de que México aceptara la competencia contenciosa de dicho tribunal, así como en la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías de las Naciones Unidas. Ejemplo de coherencia y responsabilidad personal y profesional, desechó diversos ofrecimientos de cargos públicos y nombramientos, inclusive para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su convicción y compromiso académico, para seguir formando personas e investigadores dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En particular, es indiscutible que el Dr. Fix Zamudio es, junto con el Dr. Jorge Carpizo y otros juristas notables, como Diego Valadés y Sergio García Ramírez, uno de los principales estudiosos de esta figura y responsables, en buena medida, del desarrollo en Iberoamérica de una cultura de protección y defensa de los derechos humanos. Al entregar este premio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la labor y trayectoria de una de las personas que la hicieron posible.

La CNDH es y ha sido, una institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o de cualquier otra índole, cuya vocación y justificación última está en el servicio a México y a las y los mexicanos, a quienes durante sus más de 28 años de existencia, este Organismo Nacional ha acompañado como un contrapeso institucional ante los abusos de poder, siendo una vía para que los derechos de las personas se defiendan y se protejan.

La CNDH siempre ha estado del lado de la ley y de la gente. Esta Comisión Nacional surge por la necesidad de defender la dignidad humana y los derechos inherentes a la misma, por lo que bajo ningún concepto es producto de un modelo o sistema económico. Nuestro trabajo de mediación, conciliación, así como nuestras denuncias, exhortos y recomendaciones han sido posibles solamente por una condición inmutable e indispensable para el funcionamiento del Ombudsperson: su autonomía plena e independencia de todo poder e interés.

La autoridad que pretende vulnerar esta independencia y menoscabar nuestra autonomía vulnera los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico que contraviene la esencia misma de nuestra Constitución y de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido en favor de la dignidad humana.

En la CNDH defendemos derechos, no defendemos privilegios, la base de nuestra actuación en ese sentido está en lo dispuesto por la Constitución y por las leyes, al margen de decisiones políticas o coyunturales.

Compartimos la premisa de que la austeridad permee la vida pública y llamamos la atención sobre la necesidad de que, sin violentar derechos, se revisen las estructuras burocráticas con un enfoque integral, informado y coherente, que trascienda el ámbito de las cuestiones salariales y atienda las causas de las ineficiencias y problemas que han prevenido que México cuente con la institucionalidad fuerte que requiere.

No debe estigmatizarse el servicio público, por el contrario, debe fortalecerse para qué, mediante servicios profesionales de carrera, reales y operativos, sea opción de vida para las mexicanas y mexicanos, logrando nuestro país cuente con la burocracia especializada y profesional que permita y garantice el normal desarrollo de las instituciones con independencia de los cambios de gobierno y, a la vez, la preserve de ellos.

La capacidad, integridad y compromiso de los servidores públicos no depende o está condicionada al tipo de cargo que ocupen. Estamos convencidos de la necesidad y conveniencia de ajustar, tanto aquellas remuneraciones que resultan excesivas como aquellas que son insuficientes, pero tal cuestión debe hacerse siguiendo estándares internacionales, bajo parámetros objetivos y fundados en la Constitución, que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público, y que más allá de que utilicemos un discurso que nos polarice y divida asumiendo la virtud o los vicios de una persona en razón del tipo de cargo que desempeña, empecemos a hablar de méritos, capacidades y profesionalismo.

Por sus leyes, México indudablemente es un país de derechos, sin embargo, los cambios normativos no han sido suficientes para alcanzar la vigencia real de los mismos. La violencia ha marcado la vida nacional en los últimos años, misma que si no ha sido ejercida, no ha podido ser prevenida o contenida por el Estado, algunos de cuyos miembros inclusive han llegado a tolerar o ser partícipes de hechos tan graves como Aguas Blancas, Acteal, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán o Iguala, casos en los que el común denominador sigue siendo la impunidad que impera respecto de los mismos.

La reconstrucción del tejido social y la búsqueda de la paz no puede legitimar la impunidad o promover medidas que desvíen o condicionen la verdad y el que se concrete la justicia.

México y sus víctimas no olvidan. Son muchas las personas que, en una lucha histórica, han arriesgado o sacrificado su vida por la consecución de una sociedad democrática, donde los derechos sean vigentes y las personas cuenten con instituciones que las protejan de los caprichos y abusos del poder.

En este año, la mención honorífica del Premio Nacional de Derechos Humanos va a Tita Radilla, víctima y luchadora social que desde su dolor ha construido las bases para una labor por la vigencia de los derechos humanos, porque nuestro país no olvide a sus desaparecidos, incluidos los de la llamada “guerra sucia”, porque la verdad, la justicia y la reparación no se diluyan con el paso de los años y la lucha de aquellos que hoy no están, no se olvide, no sea en vano. Su labor ante las instancias interamericanas de protección y defensa de los derechos contribuyó a redefinir el ámbito de los derechos humanos en México y sentó las bases para transformar nuestro sistema jurídico con la reforma constitucional de 2011.

No podemos engañar a la historia. El olvido no trae verdad ni es substituto de la justicia. Sólo si alcanzamos la verdad podemos aspirar a que la justicia deje de ser una aspiración y se materialice en la práctica. Sin verdad no habrá verdadera justicia, sólo una aplicación parcial y condicionada de normas, que más que justicia legaliza la impunidad y la preserva.

Sobre el olvido no se puede construir justicia. El problema de las desapariciones en México no se limita a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sus alcances son mayores, hay miles de desaparecidos. No sólo nos faltan 43, nos faltan más de 37 mil mexicanas y mexicanos que están esperando que el Estado emprenda acciones concretas y efectivas para atender sus casos.

En este sentido, lo hemos dicho, la justicia transicional puede ser una vía que permita solucionar algunos de los retos que enfrentamos como país, pero no es una panacea o receta única para tales efectos. De hecho, es preciso generar en México las condiciones que posibiliten su implementación y la hagan viable.

Los desafíos en este ámbito no son sencillos, siendo tal vez uno de los más complejos los términos y condiciones bajo los cuales puede operar en un entorno de criminalidad y violencia como el que vive México, ya que habitualmente se ha aplicado cuando están por superarse situaciones de conflicto interno, tales como dictaduras o guerras civiles, donde se cometieron violaciones a los derechos humanos, más no es frecuente que se haga frente a las actividades de grupos delincuenciales, como lo es el llamado crimen organizado.

Los mecanismos de justicia transicional no pueden significar una renuncia a la legalidad, un menoscabo de la institucionalidad democrática o el establecimiento de instancias que estén por encima de la ley y de los derechos de las personas, que busquen la aplicación de una justicia discrecional o sesgada, sin rendir cuentas de sus actos, vulnerando garantías de defensa y debido proceso. Suponer que estos mecanismos sean sustitutivos o estén por encima de las instituciones e instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia es un punto de partida erróneo, que no debemos permitir que se presente.

Desde la CNDH hemos sostenido que México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no están subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales. Donde el respeto y aplicación de la ley, así como la debida investigación y persecución de los delitos sean cuestiones prioritarias. Nuestro país no puede permitirse renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

Reconocemos que en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, se establezcan diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública, se parta de un enfoque social en la interpretación de la problemática que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia; se busque una política inclusiva para todos los derechos, incluidos los vinculados a la seguridad de las personas; se proponga repensar las políticas de uso y consumo de drogas bajo un enfoque de integralidad; y se incluya una perspectiva multidimensional de construcción de paz que estimule y promueva la convivencia armónica entre las personas, de manera complementaria a las políticas de reducción de la violencia.

Sin embargo, este Organismo Nacional no puede dejar de llamar la atención, al igual que en su momento lo hizo frente a la Ley de Seguridad Interior, sobre los riesgos implícitos en privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular con el establecimiento de una Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las fuerzas armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución, así como por principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito.

Además, los problemas de seguridad, requieren ser abordados de manera integral. Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad sino contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles.

De igual forma, como este Organismo Nacional lo hizo cuando se intentó plantear como salida frente al incremento de los índices delictivos el aumento de las conductas ilícitas sujetas a prisión preventiva oficiosa, no puede dejar de señalar ante las iniciativas recientemente aprobadas en este ámbito, que tal cuestión contraviene lo previsto por la Constitución que establece que tal medida es de carácter excepcional, además de que con el marco normativo actual, todos los delitos respecto de los cuales se plantea la reforma Constitucional, podrían ser objeto de prisión preventiva siempre y cuando el Ministerio Público así lo solicitara al juez, sustentando debidamente su petición.

La ampliación del catálogo de delitos que se propone, no garantizaría en modo alguno el que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente, con lo cual subsistiría el problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente. Sobre este particular, garantizar la implementación y operación de las Fiscalías autónomas, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes resulta de fundamental importancia.

Señor Presidente:

La decisión mayoritaria de los votantes que permitió su elección como Presidente de México, lo volvió representante no sólo de quienes sufragaron a su favor, sino de todas las mexicanas y mexicanos. Usted nos ha convocado a participar y fijado como meta de su administración que sea la cuarta transformación del país, junto con la independencia, la reforma y la revolución en las que se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional, lograr el predominio del poder civil y la restauración de la República, así como la justicia y la democracia, respectivamente. En esta transformación usted marca como su objetivo convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. Compartimos su propósito y objetivos y queremos trabajar para lograrlos.

Las tres primeras trasformaciones estuvieron marcadas por la división interna, la violencia y la confrontación fratricida. Estas no deben ser las pautas o características de esta cuarta transformación, por el contrario, el ideal de fraternidad marca la necesidad de que este cambio se sustente en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación.

Esta meta de legalidad y fraternidad, hace necesario, entre otras cosas, que no se condene o estigmatice el legítimo ejercicio y defensa de los derechos; que se respete la pluralidad y el disenso; que no se debilite la institucionalidad democrática precarizándola o haciéndola administrativamente inoperante; que se respete el equilibrio de poderes y las competencias constitucionalmente establecidas; que la ignorancia y la pobreza no sean vistas como virtudes, sino como condiciones que deben superarse si en realidad se busca el desarrollo del país, partiendo del bienestar de sus habitantes. Que se respete la Constitución y las leyes, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo.

Los diferendos entre los Poderes de la Unión deben dirimirse en el marco de la Constitución y de sus leyes, no deben transformarse en confrontaciones que polaricen posiciones y dividan a las instituciones y a la sociedad. Sobre la necesidad de preservar y respetar la Constitución, así como respecto a la importancia de los derechos, el Benemérito de la Patria dijo:

“Usaré todos los medios que caben en mis facultades para sostener ese Código sagrado, cooperando al desarrollo de los principios humanitarios que contiene, a fin de que eche raíces profundas en los corazones de los mexicanos y sea en lo sucesivo la salvaguardia de las libertades públicas la única bandera que sigamos para no someternos jamás a la voluntad caprichosa de ningún hombre”

Es momento de que tomemos en serio los derechos humanos, de que comprendamos que los mismos son el único elemento en el que podemos sustentar los cambios que como país demandamos. Para lograr la meta de que alcancemos la legalidad y la justicia en la paz.

**Discurso pronunciado en Palacio Nacional ante el presidente Manuel López Obrador, por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez en la ceremonia para dar a conocer el Premio Nacional de Derechos Humanos.