La grave y perturbadora crisis de los Derechos Humanos en México

 

• Los organismos defensores de derechos humanos en el dilema: entre una nueva servidumbre y subordinación o el obligar al pleno respeto de las garantías esenciales de vida de la población nacional
• Sin derechos humanos no hay gobernabilidad ni desarrollo posible

 

 

Editorial de TE, el Diario de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Los organismos dedicados a la promoción, respeto, protección y garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México inscritos en el primer artículo de la Constitución General de la República viven un delicado y perturbador momento de hostilidad, de crisis y desentendimiento con el gobierno de la IV Transformación de la República.

 

Este hecho debilita las acciones públicas encaminadas a un ejercicio pleno de los derechos humanos en nuestro país, donde uno de los saldos más dolorosos es, además de los crueles asesinatos, dolorosas desapariciones, acosos y agresiones que viven día a día los trabajadores de la comunicación, está el aterrador escenario que representan las 40 mil 180 las personas desaparecidas, las más de mil 100 fosas clandestinas y más de 26 mil cuerpos sin identificar.

 

Para organismos como las Naciones Unidas México vive una tragedia humanitaria y una emergencia nacional forense, como lo señaló recientemente Antonino de Leo, director en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

 

Buena parte de la población en México vive una angustiosa realidad de una vida de miedos y temores que no se ha logrado superar, derivada de ser víctimas aleatorias de una inseguridad pública latente en las calles de las zonas urbanas y rurales de la república. Uno de los derechos humanos más afectados ha sido precisamente el del derecho a una plena movilidad y de seguridad pública.

 

En este contexto, los enfrentamientos y desconocimiento de los organismos de los derechos humanos han provocado en la vida social, más apremios para el ejercicio de estos derechos. Las diferencias sobre la supresión de subsidios a las llamadas estancias públicas, desde nuestro punto de vista, no deben marcar el rumbo de los derechos humanos en el país.

 

 

Los derechos humanos, en las terribles circunstancias que vive la población mexicana con el descomunal número de desaparecidos y asesinatos, no pueden verse desde la sola óptica de una Recomendación sobre esas instancias que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la actual administración pública federal. Este acrecentamiento de las hostilidades hacia una de las Comisiones de Derechos Humanos más importantes agrava y disminuye las posibilidades de un ejercicio pleno de los derechos más importantes para las personas.

 

¿Conviene a la nación el sometimiento de las Comisiones de Derechos Humanos a la voluntad política de las tres instancias de gobierno en el país, a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de la Nación?

 

Los organismos de derechos humanos del país han vivido todos estos años, desde su creación, en medio de las intolerancias del poder político, la subordinación y por tanto de su ineficacia para hacer plenos esos derechos inscritos en el primer artículo de la Constitución General de la República.

 

Con presupuestos menguados, reducidos prácticamente a organismos que formen parte de las estructuras gubernamentales, subordinaciones, con servidores públicos molestos por las recomendaciones que le son enviadas, descréditos, el porvenir de estos organismos en este contexto de terror e ineficacias de autoridades es uno de los peores signos y escenarios para un nuevo gobierno que pretende construir un nuevo régimen de Estado en el país, un nuevo régimen donde las garantías humanas deben ser su pilar esencial.

 

Los derechos humanos atraviesan toda la vida pública y privada del país. Desde la redacción de TE, el diario de los derechos humanos de las personas mayores, vemos con preocupación que escala el conflicto entre organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno de la IV República.

 

Desde las páginas de este diario digital consideramos esencial que lejos de crear atmósferas de linchamiento a las organizaciones legítimas y de probada rectitud dedicadas a los derechos humanos en el país, es indispensable una revisión de sus acciones con una nueva reforma que las haga efectivas en el cumplimiento de sus misiones, más allá de las Recomendaciones que tardan años en ser atendidas por las tres instancias de gobierno y no dejan de ser expedientes que se arrojan a los archivos de la burocracia banal que tiene su origen en cualquier partido político.

 

Una nueva reforma de los derechos humanos para la IV República, por un lado, implica que las instancias de derechos humanos que reciben presupuestos públicos, revisen sus estructuras, sus propias acciones, que no han sido tan oportunas, expeditas y efectivas en la búsqueda de justicia como esperan quienes han sufrido angustiosos e irreparables agravios en sus garantías esenciales de vida.

 

Por otro lado, para la IV República una nueva reforma obliga a dejar a un lado las constantes recriminaciones que hace a la existencia de las comisiones de derechos humanos por su pasado de vinculaciones a etapas donde pesaba la subordinación hacia las viejas autoridades del periodo neoliberal del país, donde estas comisiones simplemente jugaban y representaban el papel de simples simuladores y parapetos de abusos y violaciones graves a los derechos humanos.

 

 

De otra forma, no se entienden los extremos de los miles de desaparecidos en el país, secuestros, asesinatos, el terror cotidiano en el que viven grandes sectores de la población en varios estados de la república, una de las peores y abrumadoras herencias de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional del llamado periodo neoliberal.

 

En México el Estado tiene la absoluta obligación de hacer coincidir su vida constitucional con las convenciones internacionales que ha firmado. Y ello implica la superioridad de los derechos humanos en todos los actos y políticas de gobierno.

 

A nadie conviene organismos de derechos humanos sean subordinados a las políticas públicas de la geografía política de los gobiernos de las 32 entidades del país, recomendaciones a gusto de los gobernantes y defensores de derechos humanos convertidos en una nueva servidumbre oficial incondicional en una llamada y confusa Defensoría del Pueblo, donde se mezclen vidas que ya desde el régimen juarista fueron separadas al evitar la hegemonía del dogma religioso sobre la vida civil.

 

Coincidimos con el presidente actual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, en que los derechos humanos no son patrimonio de partidos políticos, grupos o personas en lo individual, pero tampoco de credos religiosos. Deben de estar “por encima de cualquier diferendo o interés político, económico o ideológico”.

 

Creemos también en la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, al destacar sus esfuerzos en el fortalecimiento del modelo de defensa de derechos humanos centrado en la atención integral y focalizada a las víctimas, dado que son las partes en extremo más vulnerables.

 

 

Observamos que en el marco de esta grave crisis social y de vigencia que viven los derechos humanos en el país, los derechos correspondientes a las personas mayores prácticamente no existen ni en las mismas comisiones de derechos humanos y mucho menos al interior de la población mexicana, desde el mismo seno familiar.

 

Lamentablemente estos organismos públicos de derechos humanos, a pesar del abundante de la información que llegan a producir sobre las condiciones de vida de las personas mayores de la ausencia en el ejercicio de sus derechos, del rápido proceso de envejecimiento de su población, carecen de relatorías específicas y de políticas públicas efectivas en ese sentido.

 

Creemos firmemente que sin derechos humanos no hay gobernabilidad ni desarrollo posible que atienda la gravedad de las desigualdades sociales en la población, ni alcanzar ese objetivo que recupera la IV República de lograr la felicidad de sus gobernados inscrita desde la Constitución de Cádiz de 1812 y de la felicidad común que se incorporó en la Constitución de Apatzingán de 1814, inspirada por Morelos, en el Decreto para la Libertad de la América Mexicana.

 

En este contexto, es oportuno recordar uno de los Sentimientos de la Nación de Morelos de septiembre de 1813: “Que como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”.