El 90 por ciento de las personas mayores no denuncian violaciones a sus derechos
El 90 por ciento de las personas mayores no denuncian violaciones a sus derechos
- La violencia contra las mujeres en las familias “es más fuerte y frecuente de lo que se piensa”
- Poner un foco de atención de qué está pasando en el sector familiar con las personas mayores
- Ante prácticas de discriminación y maltrato que padecen, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar de manera reforzada los derechos de las personas mayores a través de políticas públicas interseccionales y de género
En un conversatorio organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, se puso en evidencia que el 90 por ciento de las violaciones a los derechos de las personas mayores no se denuncian al ocurrir en los ámbitos intrafamiliares, sobre todo porque las mayores víctimas son las mujeres de edad.
Mientras el Jefe del Departamento de Desarrollo e Investigación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), José Luis Peralta Álvarez, destacó la ausencia de denuncias por parte de las personas mayores, la pedagoga y psicoanalista, María Jiménez Díaz, advirtió que la violencia contra las mujeres en las familias “es más fuerte y frecuente de lo que se piensa”.
En ese punto, la Coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Verónica Montes de Oca, coincidió en “poner un foco de atención de qué está pasando en el sector familiar con las personas mayores”.
La especialista afirmó que existen muchas mujeres mayores que están en riesgo de feminicidio, lo cual se puede prevenir. Y resaltó que 96% de las denuncias en el marco de la violencia de género son de mujeres.
Tanto Jiménez Díaz como Montes de Oca coincidieron que las mujeres de edad maltratadas están en riesgo de los feminicidios por el trato que reciben como seres inferiores por su condición de edad y a la discriminación en general “como si valieran menos”, abusando de la desventaja estructural e histórica, registrada en los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación.
De su parte, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, al moderar el Conversatorio, transmitido por internet, sobre el abuso y el maltrato a personas mayores, dijo que siete de cada 10 personas mayores consideran que no se respetan sus derechos; apuntó que los hombres perciben más dicha problemática que las mujeres.
El Estado mexicano, dijo Ramírez Hernández, tiene la obligación de garantizar de manera reforzada los derechos de las personas mayores a través de políticas públicas interseccionales y de género, ante prácticas de discriminación y maltrato que padecen.
Jiménez Díaz expuso que debe prestarse atención a las familias donde la violencia intrafamiliar “pareciera invisible” ya que las víctimas no se atreven a denunciar el malestar y el sufrimiento que les causa el maltrato por no molestar a sus familiares.
La psicóloga afirmó que esa violencia llega al extremo de quitarles las tarjetas de la pensión universal del Bienestar que les otorga el gobierno federal, les despoja de sus espacios, sus bienes, los “mandan a las azoteas”. Al interior de las familias se les despoja de sus patrimonios y la violencia avanza conforme avanza la edad”, dijo.
En el Conapred, dijo Peralta Álvarez, las denuncias que se presentan por parte de las personas mayores es porque no les alcanza la pensión, no encuentran empleo y discriminaciones en el ámbito médico. El 40 por ciento reporta que sus derechos se respetan poco o nada y solamente el 31.6 por ciento expone que se respetan mucho sus derechos.
Para el funcionario de la Conapred no se cuenta con una institución que propicie que las personas mayores cuenten con una vida digna para su vejez. Asimismo, comentó la ausencia de tolerancia hacia las personas mayores en el aprendizaje de las tecnologías digitales ya que al 87 por ciento les cuesta trabajo aprenderlas.
Peralta Álvarez calificó de discriminación “bárbara” las que llegan s sufrir las personas mayores, sobre todo por su orientación sexual e intersexual y se les llega a despojar de su personalidad jurídica al tratarlos como objetos.
Nashieli Ramírez sostuvo que la violencia institucional es recurrente hacia este grupo de atención prioritaria, lo cual fue señalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 2022, a fin de generar las acciones necesarias para erradicarla. Al hablar de otros espacios donde ocurre el maltrato, indicó que dos de cada tres personas mayores han señalado violencia laboral.
La Ombudsperson capitalina expuso que la familia debería ser el elemento más protector, pero ahí también se está generando violencia. Sin embargo, no se debe criminalizar porque el cuidado no debe ser visto como una tarea individual de las familias.
En relación al cuidado de las personas mayores, la presidenta de esa Comisión de Derechos Humanos manifestó que debe ser una tarea del Estado a través de la creación de un Sistema de Cuidados que establezca las garantías para el ejercicio de sus derechos.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, Ramírez Hernández señaló que una de cada cuatro personas de este grupo etario ha denunciado omisiones de cuidado.
A su vez, Montes de Oca destacó que el maltrato y la violencia hacia las personas mayores no es sólo física y directa, sino que se expresa de manera simbólica, psicológica, económica y sexual.
La experta universitaria se refirió al edadismo-viejismo. Explicó que este estigma se observa en el maltrato cuando las personas mayores quieren seguir estudiando y en muchas normas diseñadas bajo el criterio de la edad, no como experiencia acumulada, sino de pérdida de capacidades.
Por otra parte, el Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital “Adolfo López Mateos”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Carlos Romero Aparicio, observó que la población envejecida no debe ser atendida únicamente por geriatras, sino por todo el personal médico y los servidores públicos en general.
Ante la imposibilidad de equiparar la explosión demográfica del grupo etario de 60 años y más, el funcionario del ISSSTE consideró que, con la formación de médicos, de enfermeros o técnicos especialistas, se apuesta al Diplomado en Gerontología Médica para que en las clínicas y unidades de primer contacto las personas mayores cuenten con la detección y atención especializada, sin esperar a ser canalizados a un hospital de tercer nivel.
